El separatismo catalán no ha dejado que pasen ni 24 horas de la constitución del Parlamento regional para presentar una propuesta de resolución en la que se declara "solemnemente" el inicio del "proceso de creación del Estado independiente [catalán] en forma de república". El documento, que consta de nueve puntos, destaca que, tras las elecciones del 27 de septiembre, ese Parlamento tiene una "mayoría de escaños de las fuerzas (...) que tienen el objetivo de que Cataluña sea un Estado independiente" y aboga por "abrir un proceso constituyente no subordinado" para sentar "las bases de la futura Constitución catalana".
Los separatistas instan al "futuro Gobierno [regional catalán] a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas declaraciones" y reclaman que, en 30 días, comience la tramitación de leyes sobre el proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda de Cataluña. Asimismo, desafían al Estado al proclamar que ni el Parlamento autonómico ni el "proceso de desconexión democrática" se "supeditarán" a las "decisiones" de sus instituciones, empezando por el Tribunal Constitucional, al que consideran "deslegitimado y sin competencia por la sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto" de Cataluña.
Aunque no sea la primera vez que el Parlamento catalán desafía el ordenamiento jurídico español –ordenamiento que, de hecho, ha sido vulnerado por parte de la Generalidad con clamorosas y reiteradas desobediencias a los más altos tribunales en asuntos relacionados con la inmersión lingüística, la creación de ilegales "estructuras de Estado" y la consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014–, el contenido de esta resolución es de tal gravedad que, al saberse que Rajoy, previa conversación con los líderes de PSOE y Ciudadanos, iba a hacer una declaración institucional corrió el rumor de que el presidente del Gobierno iba a abortarla anunciando su disposición a suspender la autonomía catalana al amparo del artículo 155 de nuestra Constitución.
Lo cierto, sin embargo, es que Rajoy, a pesar de la solemnidad de su declaración, se ha limitado a calificar de "provocación" la propuesta de marras, a asegurar que carece de "efectos jurídicos" y a "garantizar" que impedirá cualquier ilegalidad con "todos los instrumentos políticos y jurídicos" a su alcance, ninguno de los cuales se ha atrevido a mentar.
Así las cosas, todo parece indicar que el Gobierno no impedirá que el Parlamento regional apruebe, en un próximo pleno extraordinario, la propuesta de resolución, momento en el cual la recurrirá ante el Tribunal Constitucional, tal y como hizo con la declaración soberanista del Parlamento catalán de 2013.
Es de temer que un nuevo pronunciamiento del TC tenga los mismos nulos efectos que tuvo el anterior; más aun tratándose de una resolución en la que tan abierta y solemnemente se declara que se va a hacer caso omiso de lo que diga el propio TC. Pero así seguirán las cosas mientras siga confluyendo la voluntad de saltarse la ley de unos y la maquillada renuencia a hacerla cumplir de los otros.