Ha tenido que ser la republicana independentista Pilar Rahola quien advierta del ridículo que van a hacer sus correligionarios en el parlamento de Cataluña. Sin embargo, no hay nadie entre los constitucionalistas que avise del que están a punto de hacer los supuestos defensores de la Constitución.
El parlamento de Cataluña se propone tramitar una declaración de independencia que proclama la voluntad de la asamblea de incumplir toda ley que no sea catalana y desobedecer a todo tribunal español, muy especialmente al Constitucional. Y la reacción, en vez de ser la de suspender la autonomía o denunciar al menos el trámite ante el Tribunal Constitucional, es recurrir a una triquiñuela de filibusterismo parlamentario para, en contra de la voluntad de los independentistas, forzar que la sesión de investidura sea anterior al debate de la declaración. Prefieren los independentistas debatir antes la declaración porque la CUP no votará al candidato de Junts pel Sí sino después de haberse aprobado la declaración y haberse asegurado así de la voluntad desconectante de sus aliados. Para obligarles a cambiar el orden y que se debata después la declaración, el PP está retrasando la formación de su grupo parlamentario hasta agotar los plazos, a fin de que el debate no pueda ser antes del día 9, fecha límite para iniciar la investidura. Espera que, incapaces de ponerse de acuerdo sobre quién tenga que ser presidente, haya que convocar nuevas elecciones y la declaración de independencia no llegue a discutirse. Naturalmente, la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, ha dicho que nanay y, saltándose el reglamento, ha convocado a la Junta de Portavoces aun sin estar constituido el grupo del PP con el fin de fijar la fecha del debate sobre la declaración y lograr así que se celebre antes de la investidura. Los constitucionalistas, indignados, se proponen recurrir al Tribunal Constitucional para denunciar el atropello del reglamento.
Me he permitido resumir lo ocurrido hasta hoy, a pesar de ser hechos sobradamente conocidos por el lector, para poner de relieve lo absurdo, esperpéntico y kafkiano que resulta que, en vísperas de tramitarse en el parlamento catalán una declaración de independencia, lo que se denuncie al Tribunal Constitucional no sea eso sino no sé qué violación del reglamento de la cámara provocada por una dilación de dudosa legitimidad llevada a cabo por uno de los grupos dispuestos a recurrir indignados al alto tribunal.
De manera que, en España, los independentistas catalanes pueden violar la Constitución cuantas veces quieran, incluida la tramitación en el parlamento de una declaración de independencia, sin que el Gobierno haga nada y sin que el Tribunal Constitucional tenga la oportunidad de pronunciarse. Ahora, lo que no se va a tolerar ni consentir ni soportar es que no se respeten todas y cada una de las comas con las que está redactado el reglamento de la cámara. Si Romanones hubiera sido independentista catalán, lo habría expresado diciendo: "Obligadme a respetar el reglamento, que ya violaré yo la Constitución".