Todo comenzó en Washington el 14 de agosto de 2002, cuando el disidente Alireza Jafarzadeh, portavoz del Consejo Nacional de Resistencia de Irán –uno de los grupos opositores al régimen teocrático de la República Islámica–, reveló la existencia de instalaciones nucleares secretas en Natanz y Arak. El programa nuclear iraní se estaba desarrollando de forma clandestina y sin control de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA). Todo parecía indicar que tenía fines militares.
A partir de ahí, los obstáculos que Irán puso durante años a las investigaciones de la AIEA y las sospechas fundadas de que el programa nuclear secreto tenía fines militares condujeron a que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, los Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Australia, la India, Corea del Sur y Japón, entre otros, impusieran sanciones internacionales a Teherán. Entre 2006 y 2012, la industria armamentística y la petrolífera, el transporte marítimo, el sistema bancario, el comercio internacional, el sector financiero y asegurador de la República Islámica, así como altos cargos de la Guardia Revolucionaria –que funciona como un Estado paralelo–, se vieron afectados por un régimen sancionador que trataba de sentar a Teherán a la mesa de negociaciones y reconducirlo a un uso pacífico de la energía atómica conforme al derecho internacional. La mayoría de las sanciones se levantaron la semana pasada. Han estado en vigor aproximadamente nueve años.
España no aprobó sanciones unilaterales como sí hicieron otros Estados, pero tuvo que aceptar sin entusiasmo las impuestas por mandato de Naciones Unidas o por el derecho de la Unión Europea. En aquella época, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero apostaba por la Alianza de Civilizaciones –la había propuesto en 2005 junto al entonces primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan–, y la distancia con los Estados Unidos era abismal. Rodríguez Zapatero se aproximó a la Venezuela de Hugo Chávez y la Siria de Asad, dos de los principales aliados de los ayatolás. Hubo empresas españolas que trataron de continuar sus relaciones con la República Islámica mientras pudieron –en alguna ocasión, a riesgo de infringir el sistema de sanciones– y presionaron al gobierno para mantener cierta proximidad con Teherán. Por ejemplo, hubo operaciones en 2009 y 2011 contra la presunta venta de material prohibido. La ingeniería civil y el suministro de piezas y repuestos para maquinaria, entre otras cosas, siguieron siendo negocios atractivos para las empresas españolas.
Junto a la distancia política de los impulsores de las sanciones, había también otros factores que hacían de España un país interesante para la influencia iraní. En primer lugar, la ausencia de una colonia activa de exiliados y disidentes. A diferencia de Estados Unidos o Alemania, en España los disidentes iraníes apenas tienen visibilidad pública. Además, los servicios de inteligencia de Teherán han tratado de controlar sus actividades infiltrando informadores en sus entornos sociales. Por ejemplo, en 2013 una operación de la Comisaría General de Información destapó un presunto espionaje a los exiliados iraníes que acudían a una ONG en busca de ayuda.
España no tenía deudas históricas con Irán. No había participado en las operaciones de desestabilización de la Guerra Fría. Tenía buenas relaciones con países aliados de Teherán. Estaba distanciada del Eje Atlántico. José Luis Rodríguez Zapatero alardeaba de europeísmo y de pacifismo. Había retirado a las tropas de Irak. Había desairado a los Estados Unidos. España era, además, un actor relevante en Hispanoamérica, donde Irán estaba ejerciendo notables acciones de influencia. Cientos de diplomáticos iraníes operaban desde México hasta los Andes. Había una situación especial en Argentina, donde las investigaciones por el atentado contra la AMIA el 18 de julio de 1994 habían terminado conduciendo a la denuncia internacional contra Irán por parte de Argentina en 2007 y a la emisión de órdenes internacionales de busca y captura de cinco iraníes.
Teherán decidió, pues, utilizar España como plataforma para su influencia en Hispanoamérica y en Europa. Uno de los instrumentos más poderosos de la estrategia de influencia iraní para contrarrestar la presión internacional y el régimen de sanciones ha sido la televisión HispanTV, que el presidente de la República islámica inauguró por videoconferencia el 31 de enero de 2012 con un "¡Viva España, viva América Latina!". La cadena había comenzado sus emisiones el 21 de diciembre. Desde Madrid, Teherán pretendía romper su aislamiento.
A partir de 2012, las actividades iraníes de propaganda se multiplican. En torno a HispanTV nace un conglomerado de empresas controladas por Mahmud Alizadeh Azimi. Las investigaciones de diversos medios de comunicación han ido arrojando luz sobre este empresario que pasó por el negocio de la consultoría en Bilbao y terminó en el sector audiovisual a través de empresas como Producciones Audiovisuales HispanTV, Producciones Audiovisuales Press TV y 360 Global Media.
Sin embargo, era imprescindible la participación de españoles en el proyecto. El entorno de los jóvenes afines a los populismos de Venezuela y Bolivia brindó el aliado que Irán necesitaba. El 22 de abril de 2013 se constituye la sociedad Mano Izquierda Producciones, cuyo nombre es muy similar al de la Asociación Cultural Producciones Con Mano Izquierda, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones el 26 de enero de 2012.
Durante estos años, la polémica ha rodeado la actividad de HispanTV. Desde la difusión de los mensajes del entorno radical vasco a la propaganda populista, la actividad de esta cadena ha sido motivo de escándalo por su contribución a lavar la cara de un régimen que condena a muerte a los homosexuales o presta su apoyo a organizaciones terroristas como Hezbolá. El 20 de diciembre de 2012 Hispasat dejó de prestar sus servicios de satélite a la cadena porque el presidente de la Organización de la Radio y la Televisión de la República Islámica de Irán (IRIB, por sus siglas en inglés), Ezatola Zarghami, estaba incluido en la lista de sancionados por la Unión Europea (UE). El 29 de enero de 2013 la Comunidad de Madrid suspendió la emisión de la cadena por TDT.
Así, entre 2012 y 2014 y en el entorno de la televisión iraní, un grupo de jóvenes españoles trabajaba en la organización de distintas iniciativas políticas que terminaron, por ejemplo, con el nacimiento de Podemos. Es desconcertante que casi nadie diese importancia a la creciente actividad política de agitación y propaganda que tenía no solo una agenda de temas internacionales sino, cada vez más, un claro propósito de influencia en la política española.
Esto no deja de ser preocupante. Apenas pasados cuatro años de la creación de este entramado de sociedades, Podemos y sus grupos concurrentes tienen una representación en el Congreso de los Diputados que les brinda la oportunidad, por ejemplo, de conocer la actividad del Centro Nacional de Inteligencia a través del control parlamentario en la correspondiente comisión, o de influir en la política exterior de España hacia Venezuela, Bolivia, Arabia Saudí o, por supuesto, Irán.
En Teherán deben de estar satisfechos.