En España los partidos políticos no son sólo asociaciones de ciudadanos que desean intervenir en la conducción de los asuntos públicos. Son, además, instituciones dependientes del Estado, pues es éste el que se cuida de la mayor parte de su financiación. No son los afiliados los que, con sus cuotas o contribuciones extraordinarias, procuran los recursos necesarios para la acción política, como lo demuestra el hecho de que sólo una pequeña parte de éstos sea costeado por aquellos. Si nos ceñimos a los dos principales partidos —el Popular y el Socialista— podemos comprobarlo fehacientemente. En la última legislatura el 84 por ciento de los gastos del PP fue cubierto con subvenciones y el 13 por ciento con cuotas, quedando otro tres por ciento para otras fuentes de dinero. Esos mismos conceptos fueron, en el caso del PSOE, del 70, 17 y 13 por ciento, respectivamente.
Esta dependencia de los recursos que ponen las Administraciones Públicas para financiar los partidos se reproduce en todos los casos en los que éstos alcanzan alguna representación institucional, sea en el parlamento nacional, en las asambleas autonómicas o en los ayuntamientos. Ello hace que el tamaño económico de los partidos guarde una estrecha relación con el de las subvenciones que reciben sus grupos parlamentarios y municipales. Y dado que estas últimas se encuentran vinculadas en su cuantía al nivel de representación alcanzado por los partidos, resulta que la dimensión de los presupuestos de tales organizaciones presenta una ordenación jerárquica similar a la del número de mandatarios que logran colocar en las instituciones.
Con esta economía de los partidos políticos, a nadie puede sorprender que el bipartidismo se reproduzca también en ella. Y así, los dos primeros concentran más de una cuarta parte del conjunto de los recursos financieros que manejan los partidos en España. Al lector le puede parecer que este nivel de concentración no es muy elevado, pero tiene que tener en cuenta que, debido a la diversidad territorial de la representación política, son muchos los actores que entran en el reparto de los dineros públicos que la sostienen.
Como es lógico, cuando como ha ocurrido ahora las bases del bipartidismo se remueven, también se altera la economía de los dos partidos que lo constituyen. Ello puede verse muy bien en la distribución que ha hecho el Consejo de Ministros de la financiación estatal de los partidos de acuerdo con los resultados de las últimas elecciones generales, pues el PP —que es el partido que ha experimentado un mayor retroceso en cuanto al número de escaños ocupados, aunque haya sido el más votado— pierde 9,2 millones de euros al año; y, a su vez, al PSOE —que ya estaba en racha bajista desde los anteriores comicios— se le retiran cuatro millones. Estas cifras, aunque no demasiado abultadas, le hacen un roto a ambos partidos. Así, en el caso del primero, la menor subvención supone que su presupuesto tendrá que reducirse en algo más del nueve por ciento con respecto al gasto promedio de la última legislatura; y en el del segundo, la contracción presupuestaria superará el cinco por ciento.
Estas proporciones pueden parecer no demasiado abultadas y, en todo caso, asumibles. Pero seguramente no reflejan toda la dimensión del retroceso económico de ambos partidos, pues la disminución de las subvenciones estatales se suma ahora a la que probablemente habrán experimentado las autonómicas y municipales. Por ello, cabe esperar que tanto el PP como el PSOE entren pronto en una fase de austeridad presupuestaria, con reducciones de sus plantillas de funcionarios, sedes y gastos de todo tipo. De hecho, en el caso de los socialistas, su gerente ya ha puesto en marcha un proceso de venta de sedes para tratar de encontrar en el mercado inmobiliario una solución a su precaria economía actual. No será extraño que los populares entren en una dinámica parecida en los próximos meses.
Todo ello plantea un problema más general con relación a este asunto, pues no cabe duda de que los partidos políticos españoles adolecen de una especie de elefantiasis. Sus estructuras son demasiado grandes, especialmente en sedes y aparato administrativo, para la dimensión de la actividad que desarrollan. Por tal motivo, no es infrecuente encontrar en muchas poblaciones locales de partido cerrados casi todos los días de la semana; o también oficinas en las que hay un claro exceso de personal asalariado al mando de los líderes partidarios. Faltan, por el contrario, voluntarios que asuman, en función de su militancia, la conducción de las tareas cotidianas de la organización política. No sorprende que, en estas circunstancias, los partidos se hayan convertido en entidades burocráticas y que, en ellos, las crisis económicas derivadas de los vaivenes electorales se conviertan en dramáticas.
Ahora que tanto se habla de la regeneración política, no estaría de más que se revisaran las bases de esta economía partidaria. Una contención de las subvenciones —tal vez limitándolas a la mera financiación de las campañas electorales— y un mayor compromiso de los militantes y simpatizantes en el sostenimiento de las organizaciones a las que se adscriben, prestando su trabajo y contribuyendo a los gastos con cuotas y también con donaciones —éstas debidamente registradas, cuantitativamente limitadas y publicitadas— parece una buena vía para empezar esa tarea.