Declaraciones de independencia y declaraciones de Hacienda

No se trata de quitar gravedad a la confesa intención de los separatistas de convertir la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) en el embrión de una futura Hacienda catalana independiente del Estado español. Ahora bien, los llamamientos de los partidos y las entidades secesionistas destinados a que los ciudadanos ingresen sus impuestos en la ATC han cosechado hasta la fecha un sonoro fracaso. Así lo demuestran los datos que ha hecho públicos el propio Departamento de Economía que dirige Oriol Junqueras, según los cuales sólo 178 personas físicas y jurídicas decidieron el año pasado pagar impuestos estatales en este organismo, que, de momento, actúa como mero intermediario entre el contribuyente catalán y la Administración tributaria española.

El fracaso de los separatistas en este decisivo ámbito es más notorio si tenemos en cuenta que esta ridícula cifra va, además, en descenso, puesto que en 2013 fueron 473 personas y en 2014, 222. De hecho, el único consuelo que los separatistas pueden encontrar está en el aumento del número de ayuntamientos que declaran sus tributos a la ATC, que fueron 63 en el 2013, 80 en el 2014 y 104 el año pasado.

Si se tiene en cuenta que en Cataluña hay 940 municipios, esas cifras siguen siendo un escaso consuelo para los separatistas, como lo debe de ser el hecho de que la recaudación total de ese embrión de Hacienda catalana independiente haya aumentado debido al aumento de los entes públicos y del número de ayuntamientos, que han ingresado 18 millones, procedentes principalmente del IVA y del IRPF, cuando en 2013 sólo alcanzaban los 7 millones.

El carácter simbólico de estas operaciones sigue quedando patente al compararlas con las cifras totales de recaudación de la Hacienda española en Cataluña, que en 2015 alcanzaron los 14.438 millones de euros por IRPF y de 14.731 por IVA.

Dicho esto, y dejando patente la hipocresía de tanto aguerrido independentista que no predica con el ejemplo a la hora de hacer su declaración, sería de necios quitar gravedad al ilegal proyecto de ruptura fiscal y más aun darlo por concluido. Y es que los separatistas no arrojan la toalla, como ilustra su anuncio de que destinarán más recursos humanos e informáticos a la ATC y aumentarán el número de oficinas de la ventanilla única tributaria de 53 a 142.

De momento, los golpistas que rigen la Administración regional de Cataluña no quieren "obligar a los catalanes a escoger entre una Hacienda y otra", tal y como han comunicado fuentes de la Generalidad a La Vanguardia. De momento, la Agencia Tributaria de Cataluña, tras recaudar el dinero correspondiente a los impuestos del Estado, lo transfiere a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. De momento, sólo 178 personas físicas y jurídicas han decidido pagar impuestos estatales en este organismo. Pero ¿qué pasaría el día que fuesen unos miles de personas más los que lo hicieran y la Generalidad pasara a negarse, tal y como anuncia para el futuro, a que esos ingresos fiscales fueran transferidos a la Hacienda española?

El Gobierno de España no puede dormirse en unos laureles que, más que coronar un éxito propio, son el resultado de un fracaso de los enemigos de la Nación y el Estado de Derecho. Los separatistas son los primeros en admitir que el proceso de desconexión fiscal entraña muchas más dificultades y reveses y requerirá de mucho más tiempo que el que ha necesitado el ya consumado proceso de desconexión respecto de las sentencias del Tribunal Constitucional.

Por eso urge que el Gobierno de la Nación intervenga, con todo el peso de la ley, esa Administración en clamorosa rebeldía. Más vale prevenir que curar, y no se olvide que, para seguir edificando ilegales estructuras de Estado y haciendo caso omiso al ordenamiento jurídico, los separatistas no requieren de una Hacienda catalana independiente. De momento les basta con los cuantiosos Fondos de Liquidez Autonómica que les brinda la Hacienda española.