Ni tras hacerse público el martes que el Tribunal Supremo abría una causa contra Rita Barberá por un supuesto blanqueo de capitales a favor del PP ni tras conocerse la demanda de la exalcaldesa de Valencia de solicitar la baja en el partido el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha hecho la menor declaración en torno a un asunto que ha venido a relevar al caso Soria como principal noticia de los medios de comunicación.
Algunos dirán que, para hacer declaraciones repletas de falacias y medias verdades como las que Rajoy pronunció en torno a la designación de Soria, es preferible que el presidente del PP guarde silencio. Sin embargo, su mutismo en el caso de Barberá es igualmente criticable, pues Rajoy no es presidente en funciones del PP, por mucho que sí lo sea del Gobierno; y quien preside un partido tiene el deber de hacer público su postura ante el procesamiento de uno de sus miembros más destacados; más aun cuando a Barberá se le investiga por un donativo de 1.000 euros efectuado a su partido que supuestamente podría encubrir un blanqueo de dinero negro perteneciente al partido que preside Rajoy.
Por el propio comunicado de la exalcaldesa, en el que Barberá manifiesta su voluntad de no dimitir como senadora, se sabe que ha solicitado la baja en el PP porque así se lo ha pedido el partido. Lo que no se sabe, dado el mutismo de la dirección del PP, es si dicha petición se limitaba a la baja de militancia o, por el contrario, incluía también el abandono del escaño de senadora.
Si la dirección del PP considera que cualquier imputación de uno de sus miembros debe llevar, siempre y de manera forzosa, la dimisión del imputado de todos sus cargos –tal y como pactó recientemente con Ciudadanos para la finalmente fallida investidura de Rajoy–, es evidente que la "petición del partido" a Barberá se ha quedado corta o la política valenciana no la ha atendido en toda su plenitud. Si, por el contrario, el PP se siente liberado de los acuerdos alcanzados con Ciudadanos, y considera ahora que dicho automatismo en el ámbito político puede ser en algunos casos una violación excesiva del principio de presunción de inocencia propio del ámbito penal, que así lo manifieste y que ponga también de manifiesto las más que justificadas dudas que le pudiese suscitar la imparcialidad del inefable Conde Pumpido, el juez de cupo socialista que ha imputado a Berberá, y que fue fiscal general del Estado con Zapatero.
Lo que no es de recibo es dar la callada por respuesta y dejar que algunos miembros del PP –como Alfonso Alonso o Cristina Cifuentes– especulen sobre lo que Barberá debería hacer o lo que debería hacer la dirección del partido. La imagen de caótico y ominoso desconcierto que da el PP es total, y no hay que olvidar que de lo que se acusa a Barberá no es de haberse enriquecido ella ilícitamente, sino de haber contribuido a la financiación irregular del partido que ahora le ha exigido su baja.
El hecho de que la formación de Albert Rivera dé por bueno el surrealista desenlace por el que Barberá va a dejar de ser del PP pero va a continuar siendo senadora no reduce el estupor de la ciudadanía ni deja en muy buen lugar a la formación naranja, que está haciendo unos papelones de escándalo estos últimos días por salvar la cara a un aliado que a las primeras de cambio le ningunea. Por el contrario, lo incrementa. No es de extrañar que siga cundiendo el hartazgo ciudadano.