La etapa política iniciada tras la formación de Gobierno está teniendo como uno de sus principales rasgos la realización de nuevas y bochornosas concesiones al separatismo catalán. El Ejecutivo de Mariano Rajoy está dispuesto a llegar a extremos intolerables para tratar de congraciarse con un movimiento político que ha hecho del odio a España y sus instituciones su principal seña de identidad. Ya no se trata solamente de seguir inyectando fondos incansablemente al ruinoso Gobierno regional catalán, fondos procedentes del esfuerzo de todos los españoles, sino de llegar a un entendimiento político de carácter bilateral que hace saltar por los aires el sistema constitucional que, precisamente, el Gobierno tiene la misión de proteger.
Como ocurre desde que Rajoy llegó a la Moncloa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, está siendo la encargada de sortear los límites del marco institucional en este tipo de componendas con los enemigos de la Nación. Sus reuniones, conversaciones y encuentros con Carles Puigdemont, una autoridad pública que hace tiempo se puso por voluntad propia fuera de la ley, en nada contribuyen a fortalecer la presencia en Cataluña del Estado, al que representa. En cambio, la actitud aduladora de la vicepresidenta del Gobierno hacia un presidente regional golpista socavan la imprescindible autoridad del Estado y sonrojan, de paso, a todos los españoles.
Es cierto que la debilidad parlamentaria del Gobierno obliga al Partido Popular a ser más flexible en el diálogo con el resto de formaciones políticas. Ahora bien, esa actitud no puede sostenerse en la aceptación previa de un memorial nacionalista de supuestos agravios que solo puede dar por bueno un Gobierno sin fuste, integrado por personajes capaces de todo con tal de permanecer en el poder.
El presidente Aznar, a través de una nota de la fundación que preside, significativamente desligada ya del PP, ha puesto de manifiesto acertadamente la gravedad de esta política de continuas cesiones ante quienes no se van a detener en su misión de acabar con la unidad de España. En realidad, los separatistas no tienen ningún incentivo para refrenarse, visto que cuanto mayor es su deslealtad, mayores son las concesiones de todo tipo que se les hacen.
Lejos de aplacar las ansias rupturistas de una clase política en pleno delirio secesionista, la actitud de Soraya con Puigdemont va a agravar el problema del separatismo catalán. Lo más grave es que en el partido del Gobierno tan sólo la figura honorífica de Aznar ha salido a la palestra para denunciar esta deriva, mientras los miles de cargos públicos del PP callan ominosamente, para no perjudicar su futuro político. En eso cuentan con la colaboración de la prensa lacaya de los populares, para la cual toda traición a los intereses generales es aceptable siempre que la protagonicen los suyos.