La tardía pero acertada y proporcional gravedad con la que el Gobierno del PP (y el diario El País) describe desde el pasado lunes el proceso separatista iniciado en Cataluña en 2012 parece más orientada a disipar una posible alianza del PSOE de Sánchez y Podemos con los separatistas catalanes para desbancar a Rajoy que a anunciar y concretar medidas para sofocar lo que algunos ministros ya se atreven a calificar de "intento de golpe de Estado".
No se entiende, en cualquier caso, que el presidente del Gobierno, a estas alturas, y por mucho que se lo pregunten los periodistas, no se atreva siquiera a mentar el artículo 155 de la Constitución, o cualquier otra medida que sea capaz de evitar la celebración de otro 9-N en Cataluña, como el que los nacionalistas anunciaron ya hace más de un año y pretenden perpetrar este mismo otoño. Las palabras de Rajoy en las que promete "defender la Constitución", o que no va a "adelantar acontecimientos" ni a "anunciar problemas", no constituyen más que una nadería que, con el manto de una pretenciosa prudencia, encubre una clamorosa irresponsabilidad.
Toda acción orientada a impedir o a disuadir la comisión de un delito tiene, inexorablemente y por definición, que adelantarse a los acontecimientos; y no hay que olvidar que la nueva consulta secesionista, así como la tramitación exprés de las leyes de transitoriedad jurídica o la proclamación unilateral de independencia, no deja de ser un corolario lógico de un problema que Rajoy tiene en su mesa expuesto con toda su gravedad desde la Diada de 2012.
Por otra parte, conviene advertir que, desde el 9 de noviembre de 2014, los gobernantes nacionalistas han seguido perpetrando delitos, cuanto menos de desobediencia, ciertamente menos vistosos y más fáciles de ocultar a la opinión pública que la celebración de un referéndum ilegal, pero no menos graves. Tal es el caso de su pública y confesa desobediencia a todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional ha emitido desde entonces contra el procés, entre ellas las destinadas a suspender las ilegales estructuras de Estado y la Consejería de Exteriores, o la sentencia que no menos estérilmente trataba de anular la ilegal resolución del Parlamento autonómico de noviembre de 2015 en la que se declaraba solemnemente "el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república".
No mucho más tranquilizadoras son las palabras de la ministra Cospedal en las que, por una parte, afirma que están dispuestos a "impedir que se pongan urnas de papel, de cartón o lo que quieran poner" y, por otra, asegura que la consulta "tendrá consecuencias penales". Y esto es así porque una cosa es impedir un delito y otra muy distinta castigarlo. Recuérdese que la ilegal consulta del 9-N, que para el dimitido fiscal general del Estado Eduardo Torres Dulce entrañaba los delitos de usurpación de funciones, desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos, no se impidió y sólo se castigó con una ridícula pena de desobediencia, por la que ninguno de los condenados ha tenido que ir a la cárcel.
Por otra parte, es del todo ridículo esperar al día de la nueva consulta ilegal para enviar a la Policía a retirar las urnas. Este nuevo ataque al Estado de Derecho debe abortarse antes, no judicialmente sino politicamente, mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
En cualquier caso, mientras los sediciosos políticos separatistas no oigan de los labios de Rajoy que se juegan la financiación a cargo del contribuyente, la poltrona o la cárcel, las cartas a Puigdemont o las promesas del presidente del Gobierno "en defensa de la Constitución" causarán en los golpistas el mismo nulo efecto disuasorio que las que tuvieron aquellas por las que, antes del 9-N, solemnemente garantizó que esa consulta no se iba a celebrar.