Como está quedando ominosamente de manifiesto desde la ilegal y liberticida consulta separatista del 1 de octubre, la televisión autonómica catalana es un ariete fundamental de los golpistas en esta fase del proceso de voladura del Estado de Derecho en Cataluña. El nacionalismo ha convertido un medio público pagado por todos los catalanes (incluida la mayoría que rechaza su infame proyecto) en un vehículo de incitación al odio contra España y contra los catalanes que quieren seguir siendo españoles y europeos.
Que una cadena pública haya degenerado en repugnante maquinaria de agitprop al servicio de un hatajo de golpistas es una aberración que ningún Estado democrático debe consentir. La intervención de la Administración regional catalana tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución debería haber servido para poner fin a semejante desafuero, pero tampoco aquí el Gobierno de Mariano Rajoy se atreve a cumplir con su obligación, con lo que el nacionalismo seguirá dañando a Cataluña y sus espléndidamente alimentados perros de presa mediáticos, desinformando a la ciudadanía de una manera que haría vomitar a George Orwell.
Si hace una semana la vicepresidenta del Gobierno sin vergüenza proponía como solución al Problema TV3 un debate en el Parlamento regional de Cataluña, donde son mayoría los que han prostituido ese medio público, el PP catalán ha querido ir más lejos tramitando una propuesta de resolución en el mismo para pedir a la corporación de medios de la Generalidad que deje de hacer "apología de la violencia" a la hora de informar sobre los nauseabundos Comités de Defensa de la República (CDR), que andan sembrando el miedo en las calles del Principado siguiendo el infecto manual de las organizaciones enfeudadas a ETA.
La depuración de una TV3 alineada con los peores enemigos de Cataluña y que parece tener por referentes los medios de desinformación al servicio de tiranos como Nicolás Maduro o Vladímir Putin no es una opción sino una obligación del Gobierno de Rajoy, directo y tremendo responsable de este estado de cosas desde la aplicación del 155, que lejos de ser una solución está resultando un formidable problema por culpa de un Ejecutivo que no ejecuta y que, por eso, está atentando contra el interés de la Nación y convirtiéndose así en cómplice de quienes quieren dinamitarla.