Aunque el objeto estricto de la resolución era rechazar el recurso del golpista Jordi Sànchez contra la decisión de denegarle la salida de la cárcel para que pudiera acudir al Parlamento regional de Cataluña a ser investido presidente de la Generalidad, es lógico que la Sala del Tribunal Supremo que revisa las decisiones del juez Pablo Llarena sobre el 1-O haya aprovechado para abundar en la existencia de indicios de un delito de rebelión y, sobre todo, para criticar duramente al tribunal alemán que se ha hecho cargo de la euroorden contra Carles Puigdemont. El auto del tribunal regional de Schleswig-Holstein que denegaba hace escasas fechas la extradición del golpista en jefe por rebelión y hasta cuestionaba que se le pudiera encausar por malversación no solo adolecía de una tremenda falta de rigor jurídico, sino que constituyó un ataque frontal al principio de confianza mutua entre los Estados miembros de la UE, sobre el que descansa ya no la estructura que informa la orden de detención europea, sino la propia Unión Europea.
No está de más insistir en las razones del TS contra el disparate perpetrado por el tribunal de Schleswig-Holstein; pero aun más importante es denunciar el escaso interés del Gobierno en exigir a Alemania que respete la legislación europea, aunque sea mediante la oportuna reclamación ante el Tribunal de Justicia de la UE, máximo interprete de la legislación comunitaria y, consiguientemente, de las decisiones marco, como la relativa a la Orden de Detención Europea, que se supone ha sido traspuesta al derecho de todos los Estados miembros, empezando por el alemán.
La inacción del Gobierno de Mariano Rajoy no debería sorprender a nadie si se tiene presente que ha sido el primero en no querer ver delito penal alguno en el golpe de Estado que lanzó el separatismo catalán en 2012, y que no ha instado querella alguna contra los golpistas, ni por el 9-N ni por el 1-O.
En la primera fase del golpe, la comandada por Artur Mas, fue el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien motu proprio presentó cargos contra los golpistas, contrariando los planes de diálogo y apaciaguamiento del Gobierno Rajoy, felón de puro cobarde. A partir de la dimisión de Torres-Dulce, el Ministerio Público retiró paulatinamente los cargos hasta dejarlo todo en un delito de desobediencia, no penado con cárcel.
En cuanto al 1-O, ha sido la acusación popular presentada por Vox –y, sólo posteriormente, por el fallecido fiscal José Manuel Maza– la que va a dar por fin oportunidad a los Tribunales de enjuiciar como se merece esta rebelión todavía no sofocada.
Lo peor de todo es constatar que el mayor peligro no se encuentra en Schleswig-Holstein sino en Madrid. Si el tribunal regional alemán ha osado cuestionar la malversación de fondos perpetrada el 1-O (como ya hiciera, por cierto, la Fiscalía de Rajoy con ocasión del 9-N), ¿cómo calificar al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que directamente niega la existencia de ese delito, para regocijo de los golpistas? ¿Ha de extrañar que Carles Puigdemont y Oriol Junqueras estén valorando la posibilidad de citar al ministro como testigo de su defensa?
Así las cosas, critíquese como corresponde a los tribunales alemanes y al Gobierno de Angela Merkel. Pero sin perder jamás de vista que la responsabilidad última y fundamental de lo que suceda será del Gobierno de Rajoy.