Desde que el separatismo catalán comenzó los preparativos para su golpe de Estado, se han multiplicado las agresiones a los catalanes que quieren seguir siendo españoles. Catalanes que ven menoscabados sus derechos a manos de elementos separatistas, tanto más despreciables cuanto más poder tienen o se les deja tener.
Tras el referéndum liberticida del 1 de octubre, la presión de los nacionalistas se ha intensificado sobremanera en los medios de comunicación dependientes de la Generalidad, odiosas maquinarias de agitprop antiespañol, y en el ámbito de la enseñanza, donde los peores enemigos de Cataluña hacen y deshacen a su antojo.
Indeseables repulsivos comidos por el fanatismo han descargado su resentimiento infame sobre hijos de guardias civiles y policías que tienen la desgracia de padecerlos como profesores. Sirva como ejemplo de la gravedad de la situación la denuncia que pesa sobre nueve docentes acusados de vejar a unos niños culpables de tener unos padres comprometidos con la defensa de las libertades, no con quienes quieren dinamitarlas. Los hechos recogidos en la denuncia del Ministerio Público son indignantes y dan escalofriante cuenta del calvario que la canalla separatista está infligiendo a tantos menores de edad.
Más allá de la calificación jurídica que este caso en particular merezca, resulta imprescindible someter a depuración la escuela catalana, en manos de fanáticos de la peor calaña indignos de la misión que jamás se les debió asignar: la formación de los niños del Principado. Urge aplicar con contundencia el artículo 155 de la Constitución por el tiempo que haga falta, para que nunca más un hijo de un guardia civil se vea aterrorizado por profesores que no lo son porque han decidido ser perros de presa de una ideología abominable.