Tras viajar a Bruselas para denunciar la "discriminación lingüística de los castellanoparlantes" en el sistema educativo catalán, la presidenta de la Asamblea por la Educación Bilingüe, Ana Losada, bien puede sentirse satisfecha al saber que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo enviará próximamente una carta oficial a "las autoridades de Cataluña" para recordarles que, por sentencia del Tribunal Supremo, es obligatorio garantizar un 25% de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público, y que su tarea es velar para que así se cumpla.
Ahora bien, que nadie se llame a engaño. Para empezar, las autoridades que en estos momentos vulneran el derecho de los catalanes a estudiar en español son las nacionales, que ostentan la responsabilidad directa del Gobierno de Cataluña desde que la Administración autonómica fuera intervenida en aplicación del artículo 155 de la Constitución. Eso, por no recordar que el Gobierno de la Nación, máximo responsable de lo que sucede en España como Estado miembro de la Unión Europea, ha sido es y será siempre el máximo responsable de cumplir y hacer cumplir en todo el territorio nacional las sentencias de los altos tribunales.
Dicho de otra forma, ya no es Clara Ponsatí, la exconsejera de Enseñanza fugada primero a Bruselas y luego a Escocia, sino el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, quien debería ser el destinatario de esa carta de la Eurocámara, al ser el directo responsable de la discriminación lingüística que padecen los catalanes que quieren escolarizar a sus hijos en español.
Aunque España sea el único miembro de la UE en el que la lengua oficial se proscribe en la enseñanza, es ingenuo pensar que lo de poder estudiar en español en España va a convertirse en una especie de imperativo europeo. Si el Gobierno de España no se atreve a hacer cumplir la ley en Cataluña, no hay Comisión ni Parlamento europeo que pueda solucionarlo. La Comisión Europea, aunque sea parte en todos los debates, ha dejado muy claro que se lava las manos, que no tiene competencia en la materia y que tan sólo puede "apoyar la decisión que tome al respecto el Estado miembro". Y es el drama que la decisión del Estado miembro, en este caso, el español, es no hacer nada.
En cuanto al Parlamento Europeo, su mencionada Comisión de Peticiones podrá redactar esta carta oficial sobre la inmersión lingüística sin saber muy bien a quién ha de enviársela, pero poco más. Y eso que lo que se pide en ella no es la libertad de poder estudiar en español en España, sino tan sólo el 25 por ciento de las clases. Y eso es lo lamentable: que ninguna formación con representación parlamentaria abandera la libre elección de lengua en la enseñanza. Hasta Ciudadanos se ha hecho partidario de una inmersión lingüística que no por trilingüe deja de ser coactiva.
No. Definitivamente no se podrá encontrar en la Eurocámara lo que, vergonzosamente, falta en nuestro Parlamento en defensa de España y del español.