Vanesa, de 36 años, de Fabero (León), resulta una presunta embustera de tomo y lomo que acusó a su expareja de haberla secuestrado y, tras abusar de ella, echado pegamento en la vagina. La Guardia Civil ha descubierto que ha mentido y la tiene grabada comprando en un chino todo lo que utilizó en su autosecuestro: cuchillas, medias negras, pegamento… Incluso tiene el ticket de la compra. El fiscal le pide once años y ocho meses por simulación de delito. Se había buscado un cómplice varón, al que se le piden diez años.
La mayoría de los medios que han publicado esta noticia se lo han hecho perdonar difundiendo dos falsedades: que esto hace un daño muy grande a la lucha contra la violencia de género y la buena nueva, que difunde la Fiscalía General del Estado: en 2015 –lo del pegamento es de 2016– se presentaron 129.000 denuncias por violencia machista, de las que se constató que eran falsas sólo 18. Es decir, solo el 0,0015% del total. ¿Esto supone que al menos 18 inocentes han ido a la cárcel, dado que lo primero que se hace es detener al varón? De hacer caso al optimismo con que se cuenta, se trataría de una cifra aceptable. Estamos en lo del choque de trenes: "Afortunadamente, todas las víctimas eran de tercera".
Estos condicionantes de la libertad de expresión van en contra de cosas en las que hemos creído: la presunción de inocencia, el in dubio pro reo y el "más vale que haya un culpable en la calle que un inocente en prisión". Ante el escándalo del pegamento, la víctima fue detenida y encarcelada, ítem más porque por denuncias anteriores de Vanesa había pasado ya ocho meses en prisión. La Guardia Civil sospechó que se trataba de una burda falsificación, que sin embargo la abogada de la denunciante, experta en violencia de género –¡ya se ve qué clase de experta!–, se había tragado enterita. Ahora se supone que las otras denuncias pueden ser también falsas.
Aclaremos enseguida que el descubrimiento de una delincuente que simula un delito no tuerce la verdad de que la sociedad está llena de maltrato a la mujer y de que hay una cadena de asesinatos intolerables. Aunque esto no puede ser la coartada de quienes manipulan los hechos, quizá en la ruta polaca de abolir la separación de poderes, algo que hay que tomarse en serio desde que el ministro Catalá, del PP, acusó al magistrado del voto particular de la Manada de "sufrir un problema singular" sin ninguna prueba y luego se fue sin aclararlo. Lo que no ha sido óbice para que el Gobierno relámpago socialista haya impuesto una ministra que ha dado un paso más allá afirmando que la mente de los jueces debe ser reformada. ¿Quiere decir con algo quirúrgico o con lavado de neuronas? El Ejecutivo no solo la ha emprendido contra los jueces, sino que ha descubierto que debe solapar a la Fiscalía, puesto que estima que no tutela a las víctimas. Y adelanta que va a hacer el supervisado de su labor con abogados del Estado. Después de haber sufrido un Gobierno con el que parecíamos gobernados por un bufete de abogados del Estado, el nuevo la emprende contra los fiscales después de haber nombrado con socarronería a una fiscal ministra de Justicia.
Claro que la Fiscalía tal vez ha ido haciendo méritos con la ridícula reducción a cifras de las denuncias falsas. Mire usted: meter a un solo inocente en la cárcel por cuota es insufrible. ¿Por qué esta vulneración de derechos? Veo con pavor cómo se carga contra jueces y fiscales. Algunos de los que lo hacen son abogados y abogadas, compañeros y compañeras, otrora defensores, que ni siquiera trabajan para el Estado.