Está por ver que las formaciones separatistas cumplan su amenaza de dejar caer a Pedro Sánchez si, en menos de un mes, el cuestionadísimo doctor no claudica y consiente la celebración una nueva consulta secesionista en Cataluña, tal y como ha amenazado con hacer el golpista Quim Torra un día después de llamar a los liberticidas Comités de Defensa de la República a "seguir presionando" a su violenta manera en las calles del Principado. Sea como fuere, clama al cielo que sean los propios golpistas los que se permitan plantear ultimátums, cuando lo lógico y lo urgente es que el Gobierno de la Nación inste a quienes detentan el poder regional en Cataluña a acatar de inmediato el orden constitucional si no quieren que se intervenga la autonomía catalana, durante el tiempo que haga falta, en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Ante una desafío tan grave como el que Artur Mas planteó al poner en marcha en 2012 un proceso de secesión que no pararían "ni tribunales ni constituciones", cualquier Gobierno mínimamente sensato habría instado al sedicioso a acatar públicamente el orden constitucional so pena de intervenir la Generalidad para evitar que desde las propias instituciones del Estado se organizaran aquelarres golpistas como los perpetrados el 9 de noviembre de 2014 y el 1 de octubre de 2017, consulta esta última que los sediciosos acompañaron con una no menos ilegal declaración unilateral de independencia.
Sin la más mínima critica por parte de la oposición, el Gobierno de Mariano Rajoy se dedicó a mirar para otro lado, a quitar gravedad al desafío separatista o incluso a negar la independencia de facto en la que ya estaba instalada la Cataluña nacionalista y a hacer vergonzosas ofertas de diálogo y negociación. Eso, por no recordar la financiación indirecta pero decisiva del golpe de Estado a través de las multimillonarias ayudas que la Generalidad recibió, año tras año, de los Fondos de Liquidez Autonómica.
Con todo, lo más bochornoso no fue que el Gobierno –y el PP, el PSOE y Ciudadanos– esperara a que las dos consultas secesionistas se consumaran para poner en marcha la aplicación del artículo 155 que debió evitarlas, sino que, llegada esa tardía aplicación, sólo se acometió para celebrar cuanto antes unas nuevas elecciones regionales, que, tal y como era previsible, no hicieron sino devolver el poder a los golpistas.
Obviamente, la llegada de Sánchez a la Moncloa, aupado por los propios golpistas, no supuso un cambio para mejor. Todo lo contrario. Pero al menos el PP y Ciudadanos ya se atreven a reclamar lo que no reclamaron cuando era Rajoy el que estaba en el Ejecutivo: una aplicación del 155 orientada no a la celebración de unas nuevas elecciones regionales sino a garantizar la sujeción de Cataluña al orden constitucional, para que, entre otras cosas, allí se pueda estudiar en castellano sin el menor problema y los medios públicos de comunicación no sean una vomitiva maquinaria de agitprop antiespañol.
Así las cosas, es harto dudoso que los separatistas vayan a hacer caer a un Gobierno como el de Sánchez, cuya debilidad les fortalece sobremanera. Lo que parece claro es que el golpe de Estado separatista seguirá adelante mientras no haya un cambio en el Gobierno de la Nación como el que aparente y felizmente ya se ha producido en el PP de Pablo Casado y el Ciudadanos de Albert Rivera.