Los liberticidas Comités de Defensa de la República (CDR), la carrer borroka del separatismo catalán, han cortado varias autopistas este largo fin de semana, ante la escandalosa inacción de los Mozos de Escuadra, un cuerpo cada vez más desprestigiado por sus propios mandos, que lo han convertido en una suerte de ominosa policía política al servicio de los golpistas que están devastando Cataluña.
Este nuevo aquelarre protagonizado por los inicuos CDR, tan semejantes a los grupos etarras que se han encargado de perpetrar el terrorismo callejero en el País Vasco durante decenios, se vieron nuevamente respaldados e incitados por el intolerablemente aún presidente de la Generalidad de Cataluña, Quim Torra, que el viernes anunció una purga entre los policías autonómicos que se dispusieron a cumplir con su deber el Día de la Constitución y procedieron a reprimir a los indeseables que andaban perturbando el orden.
Lo ocurrido este fin de semana en Cataluña es de una gravedad extraordinaria. El viernes, en otro acto demencial para presentar por enésima vez el denominado Consell de la República, los capos golpistas llamaron directamente a un levantamiento popular para imponer la independencia en una Cataluña que jamás les ha autorizado a actuar como lo están haciendo. Quim Torra y Carles Puigdemont hicieron referencia expresa a la independencia de Eslovenia, que se saldó con decenas de muertos. En efecto, este par de sujetos criminógenos volvieron a pedir a los demás que se sacrifiquen por ellos. Indecente es poco.
La Generalidad de Cataluña no puede estar en manos de un individuo que no sólo está incurso en un golpe contra el Estado, sino que anda amenazando a los españoles con un conflicto armado para instaurar un régimen tan repugnante como él, basado en el supremacismo más infecto.
La escalada separatista es tal, que hasta en el PSOE –que sólo gracias a los golpistas consiguieron poner a Pedro Sánchez en la Moncloa– se han visto obligados a reprochar sus palabras al Le Pen catalán (Dr. Sánchez dixit), tachándolo de "iluminado" y de hacer "llamamientos a la insurrección".
Pero esto no puede quedar así. El presidente de la Generalidad, máximo representante del Estado en Cataluña, ha amenazado con un choque armado para imponer la ilegal e inmoral independencia. Es el propio Estado el que ha de responder a estas amenazas directas con toda contundencia y velar efectivamente por la vigencia del orden constitucional en Cataluña.
Pedro Sánchez debe intervenir sin más dilación la Administración regional catalana, que está en manos de los peores enemigos de Cataluña. La inacción lo convertiría en un cómplice necesario de los golpistas y, por consecuencia, en un traidor a la Nación.