Este martes da comienzo uno de los juicios más importantes de la historia reciente de España; un juicio en el que se va a juzgar la responsabilidad penal de los protagonistas del intento de golpe de Estado separatista de otoño de 2017.
En la jornada crítica del 1-O se celebró un referéndum ilegal con el que se pretendía dinamitar el orden constitucional y separar a Cataluña del resto de España. Sus cabecillas se enfrentan a las acusaciones de rebelión y sedición, las más graves que pueden pesar sobre un servidor público, pues, al incurrir en ellas, comete traición a la Nación y a la ciudadanía a las que se debe.
Los hechos no dejan la menor duda sobre la voluntad de los acusados de liquidar la Constitución y las instituciones de autogobierno de Cataluña, para lo que no dudaron en servirse de los medios públicos a su alcance y generar una atmósfera irrespirable, especialmente para los catalanes que no comparten su aberrante ideario liberticida. Sólo la encomiable reacción popular, la audaz intervención del Rey, la actuación de la Guardia Civil y la Policía Nacional, prácticamente abandonadas a su suerte por el Gobierno del cobarde Mariano Rajoy y la turbia Soraya Sáenz de Santamaría –entrañable amiga del capo golpista Oriol Junqueras–, y la decidida acción de la Justicia, alentada por una oportunísima denuncia de Vox, impidieron que los separatistas se salieran con la suya en esas jornadas infames.
Por fin ha llegado el momento de que los magistrados del Supremo enjuicien unos hechos que pusieron a España en la picota internacional por culpa de una maquinaria de intoxicación informativa alimentada por los propios golpistas y sus execrables aliados nacionales e internacionales.
Los separatistas montarán el consabido circo victimista y exigirán a su socio Pedro Sánchez –jamás se olvide: presidente del Gobierno gracias a ellos– que interfiera en la Justicia para garantizarles impunidad, so pena de retirar su apoyo a los Presupuestos. Quieren, sí, prostituir las instituciones nacionales como ya han hecho con las autonómicas. Lo peor es que en Moncloa tienen quien les escucha y comparte su desprecio a la división de poderes.
La Sala de lo Penal del Supremo comienza sus trabajos con gran presión y muchos elementos en contra. Pero los magistrados que la conforman tienen sólo un deber: hacer justicia en un caso de una gravedad extraordinaria, pues los acusados quisieron acabar con nuestro régimen de libertades y no dudaron en llevar a la sociedad catalana al borde del precipicio. No tienen más remedio ni otra opción que estar a la altura de tan históricas circunstancias.