Un indulto con otro nombre

Los primeros compases del juicio al 1-O han revelado algo importante. El proceso contra los acusados por el golpe separatista no se celebra sólo en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es cierto que se celebra allí y no se celebra ni celebrará en ningún otro sitio. Pero, al mismo tiempo, gran parte de lo que se dice y se hace en la sala está condicionado por lo que se pueda decir y hacer en otro lugar. Esa otra ubicación se encuentra en la sede del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todos o casi todos los que intervienen en el juicio que se desarrolla en Madrid están pensando en Estrasburgo.

Los acusados y sus defensas están pensando en el TEDH para intentar que ese tribunal condene a España por vulnerar algún derecho durante el juicio. De ahí la obsesión por poner en cuestión la legitimidad del procedimiento, en vez de centrarse en lo propio de una defensa. Los siete magistrados están pensando también en el TEDH, pero con el objetivo contrario, esto es, para evitar cualquier resquicio por el que pueda prosperar allí un recurso y dictarse luego una condena a España. Fue significativo que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, frente a la petición de la acusación popular, permitiera que se portara en la sala el lazo amarillo apelando a una decisión del Tribunal de Estrasburgo.

La cuestión interesante y no del todo evidente es esta: hay terceras partes que pueden estar pensando igualmente en el TEDH. Esas terceras partes son las mismas que están pensando en un indulto como parte de la solución política al problema, pero son conscientes de que indultar a los cabecillas del golpe separatista tiene un alto coste político. ¿Cómo hacerlo, pero evitando el coste? Es ahí donde entra Estrasburgo. Porque una sentencia del TEDH que condenase a España por no dar a los golpistas un juicio justo conduciría al mismo resultado, pero a un precio político mucho más bajo.

Se dirá que no queda otra. Que lo manda el Tribunal de Derechos Humanos. Que lo dice Europa. Las coberturas habituales. Aunque el TEDH no está vinculado a la Unión Europea, sino al Consejo de Europa, y entre sus 47 países miembros los hay que no son Estados democráticos de derecho, sus sentencias se han considerado aquí de obligado cumplimiento. Incluso de urgentísimo cumplimiento. Así ocurrió con la sentencia que puso fin a la Doctrina Parot y permitió poner en la calle a más de sesenta presos de ETA y a una quincena de otros delincuentes de riesgo. O con la que condenó a España por vulnerar derechos fundamentales de Arnaldo Otegi y otros en el caso Bateragune. O la que condenó a España por vulnerar la libertad de expresión de los que quemaron fotos del Rey en Gerona en 2007. Y otras.

Es curioso que el TEDH goce aparentemente, entre la opinión pública y publicada españolas, de un prestigio superior al de la Justicia de nuestro país. Porque si de la española se critica con razón su politización, más habría que criticar la politización de un tribunal como el de Estrasburgo, cuyos miembros son propuestos por los 47 Estados firmantes del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, por ejemplo, Turquía y Rusia. Se supone que los jueces del TEDH son independientes. Se supone. Pero el caso es que el anterior representante de España, Luis López Guerra, apoyó la condena a España por la Doctrina Parot y es difícil no relacionar su posición con su previo cargo en el Ministerio de Justicia con el Gobierno Zapatero y aquella negociación con ETA.

En un país donde estamos tan pendientes de nuestra imagen exterior, una condena del TEDH sería la coartada perfecta para dar satisfacción a los separatistas sin utilizar la problemática prerrogativa del indulto. Es la vía (falazmente) europea hacia el indulto. Perfecta para la tercera vía. Dentro de muy poco, junto a los sondeos van a aparecer los pactómetros, pero habrá que poner otro gráfico: el del indultómetro. Uno camuflado, con sede en Estrasburgo.