Esta última semana de la vista oral del juicio a los golpistas catalanes ha sido esencial para apuntalar la acusación del delito de rebelión, la más grave de las que pesan sobre los acusados a pesar de que el Gobierno obligara a la abogacía del Estado a eliminarla de su alegato.
No hay que olvidar que la clave de todo este proceso, y lo que determinará las consecuencias penales para los procesados, es conocer quiénes promovieron el referéndum ilegal del 1 de octubre aun sabiendo que esto iba a provocar situaciones de violencia. Porque ese es precisamente el sentido del artículo del Código Penal que tipifica el delito de rebelión (castigado con hasta 30 años de cárcel), cuando se refiere a "los que se alzaren violenta y públicamente" para alcanzar una serie tasada de fines entre los que se encuentran, "derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución" y, sobre todo, "declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
A comienzos de la semana pasada, los mandos de la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto con el coordinador del dispositivo nombrado por el Ministerio del Interior, ofrecieron testimonios de mucho peso para las acusaciones, que vieron confirmadas sus tesis de que Puigdemont y su Gobierno siguieron adelante con la consulta ilegal a pesar de todas las advertencias en contra. No solo eso, el Gobierno separatista limitó premeditadamente la acción de la policía autonómica para permitir las votaciones, lo que derivó en escenas de extraordinaria tensión a las puertas de los centros de votación. Diez días antes había tenido lugar un grave episodio de violencia callejera contra la comitiva judicial que registraba la Consejería de Economía, entonces dirigida por Oriol Junqueras, en una concentración ilegal a las puertas del edificio en la que se destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil y se impidió por la fuerza la salida de la secretaria judicial y los agentes que estaban en el interior.
Pero ha sido, sin duda, el testimonio de dos altos cargos de la propia policía catalana lo que ha abierto las puertas de par en par a confirmar el delito de rebelión. Se trata de Manuel Castellví y Emilio Quevedo, comisarios de Información y de Planificación de los Mossos respectivamente que, a preguntas de la Fiscalía, han confirmado las advertencias a Puigdemont y a su Gobierno de que seguir adelante con el referéndum daría lugar a una escalada de violencia, y pondría en grave riesgo la seguridad de los agitadores nacionalistas y de los propios agentes cuando trataran de hacer cumplir las órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del Tribunal Constitucional.
Son dos testimonios de peso que proceden de la propia Generalidad de Cataluña, lo que les da mayor veracidad. Ambos confirman el relato de las autoridades españolas que trataron de evitar el golpe de Estado del 1 de octubre y, sobre todo, la acusación de la Fiscalía, dirigida muy especialmente a convencer al tribunal de que los separatistas que se sientan en el banquillo de los acusados del Supremo protagonizaron en términos estrictos una rebelión enmarcada en los supuestos que fija el artículo 472 del Código Penal.
El panorama judicial de los dirigentes catalanes se oscurece dramáticamente con el testimonio de sus propios jefes de policía, unos cobardes uniformados que a no mucho tardar tendrán también que asumir sus responsabilidades por haber convertido a los Mossos d'Esquadra en una banda al servicio de los autores de un golpe de Estado.