No existe el derecho racional. El derecho es siempre el derecho del más fuerte. Por lo tanto, vacía y, a veces, criminal es la querencia de quienes tratan de resolver un problema político por la vía jurídica. Cataluña es algo más que un problema jurídico. Cataluña es España. Esa tendencia a reducir lo político a lo jurídico jamás repara en que el Derecho es una institución importante, pero, como todos los grandes hechos civilizadores, es contingente, débil y escéptico. Quienes se dedican al Derecho siempre están pendiente de una razón, de una nueva argumentación, en fin, de una justificación más y mejor que les haga creer en esta institución.
No pidamos, pues, a las personas que se dedican al Derecho algo de lo que carecen: certeza, fortaleza y legitimidad. El presidente del Tribunal Supremo que ha juzgado a los golpistas, señor Marchena, ya demostró en 2011 su fragilidad al echarse en manos del independentismo catalán, concretamente cuando aceptó el recurso de la Generalidad contra ochos jóvenes que habían hecho entrar a Artur Mas en helicóptero en el Parlament y los condenó a tres años de cárcel; sí, sí, condenó a quienes habían sido absueltos por la Audiencia Nacional. ¡Qué casualidad! Entonces, Turull, consejero de la Presidencia, dijo que el juez Marchena concordaba con el sentimiento mayoritario del pueblo catalán. Ay, Marchena, Marchena, de aquellos polvos estos lodos…
¿Qué esconderá detrás de esa barba el juez Marchena? Poco o nada. No es ni siquiera nihilista. Es, simplemente, un juez al servicio del amo. Todo él es una impostura. Es solo un juez. Uno de esos tantos jueces que tienen por costumbre plegarse a lo que manda el amo, en este caso lo que ordena la Abogacía del Estado, aunque sería mejor llamarle la Abogacía del Gobierno provisional de Sánchez. La sentencia del TS contra los golpistas no es cierta ni contundente ni legítima. Es, sencillamente, un escrito para mostrar que el Estado español, el sistema democrático, apenas es nada en Cataluña. España casi ha desaparecido de Cataluña, y así lo corrobora esta burda sentencia. Es tanta su vulgaridad que podría haber dicho, según reconoce en su argumentación, que los golpistas son rebeldes, pero rebaja el delito a mera sedición para ponerlos en la calles en un par de meses. Estos funcionarios del Estado, llamados jueces, son así de maleables. Están siempre al servicio del Poder Ejecutivo.
Y, además, este tribunal compacto y unanimista, casi totalitario, ni siquiera ha aceptado la petición de la Fiscalía General del Estado de que se les aplicase el artículo 36.3 del Código Penal para evitar que los condenados a más de 5 años de cárcel puedan optar rápidamente a un régimen de semilibertad penitenciario. La sentencia del TS es una construcción chapucera al servicio del poder político de Sánchez. En realidad, el Derecho es un saber sutil que, en manos tan ásperas, digámoslo con suavidad, como las de estos magistrados se convierte en algo terriblemente sucio y sin sentido. Ridículo. Sí, la sentencia del TS contra los golpistas catalanes representa la quintaesencia de que el Derecho sirve igual para un roto que para un descosido. Todo puede justificarse con el Derecho, incluido que un rebelde es solo un sedicioso, que no tenía la intención de atentar contra el Estado sino que solo pretendía negociar competencias con el Gobierno central. Este razonamiento es, sencillamente, ridículo. Estúpido.
Por eso, porque es atrozmente idiota esa pretendida argumentación, la crítica de esta sentencia corre el riesgo de caer en el mismo ridículo que critica. No discutamos con imbéciles, como decía el clásico, porque pueden confundirnos con ellos. Es absurdo enfrentar a un sabio con un truhán. Son tantas las contradicciones, las antinomias, los paralogismos y las falsedades que contiene este texto que lo hacen inservible para la crítica. No es nada. Basura imposible de reciclar. No perdamos el tiempo con este texto. Miremos mejor los rostros de los jueces para saber que están al servicio de sus jefes. Son rostros que reflejan el entero fracaso de un sistema judicial que se montó para mayor gloria de los poderosos. Toda la sentencia está redactada para que se entiendan el PSOE y ERC con la mediación del PSC. Sánchez no tendrá ni siquiera que plantearse el indulto. Los golpistas estarán en la calle en un par de meses. La sentencia del TS contra los golpistas es, pues, un enjuague para que Pedro Sánchez pueda seguir gobernando a partir del 10 de noviembre. El resto es una mandanga. El proceso de desnacionalización de España sigue hoy tan fuerte como ayer. Los políticos son los culpables de esa desnacionalización.
En cualquier caso, si los separatistas se sobrepasan en sus desmanes callejeros, no descarto que Sánchez, un tipo sin escrúpulos y echao palante, recurra al artículo 155 o a la Ley de Seguridad Nacional.