Dicen los sabios del mundo del Derecho que la Instrucción sobre el caso de la señora Gómez pronto estará terminada y, en poco tiempo, se abrirá Juicio Oral. Resalto lo de Juicio Oral. Ahí se jugará todo o, mejor dicho, casi todo, porque nadie puede prever de modo claro y distinto los complicados mundos de la justicia; y, además, si la cosa fuera mal para los imputados, los poderosos de La Moncloa podrían recurrir al deslegitimado pero aún legal Tribunal Constitucional. Es obvio que en el ámbito de las hipótesis, las presunciones y las cábalas, espacio donde se dan la mano el disparate y la ciencia, los legos y los especialistas en Derecho coinciden en la opinión de que "todo es posible".
Sin embargo, la mayoría de los juristas consideran que esas supuestas "predicciones", a la altura actual de la instrucción, son conjeturas con apenas fundamento. Es más que admirable, asombroso, que a la pregunta más sencilla de los neófitos, como es mi caso, sobre la instrucción de este caso, respondan sin vacilar los juristas de reconocida solvencia. Sí, queridos lectores, pregunten a un sabio del Derecho sobre qué hará el juez instructor con el caso Begoña Gómez. Formulada la pregunta en corto y por derecho: ¿"cerrará" o archivará la instrucción el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid? Yo he ensayado varias veces esa pregunta con juristas competentes y siempre he recibido por respuesta la escrita en la primera línea de esta columna: no sólo no se archivará sino que, además, la instrucción estará terminada en el mes de septiembre.
De las múltiples razones dadas por los juristas, yo extraigo las siguientes: en primer lugar, el juez está respaldado o guiado en su trabajo de Instrucción por la Audiencia Provincial de Madrid; en segundo lugar, hay cuatro denuncias sobre la primera imputada, la última de la Universidad Complutense por un posible delito de apropiación indebida; y, en tercer lugar, al negarse a declarar la imputada, el juez Peinado no ha tenido otra opción que imputar a su principal socio, Juan Carlos Barrabés, que había declarado ya en calidad de testigo. Todo parece ir a favor del señor juez para terminar la Instrucción y mandar la cosa a Juicio Oral. En resumen, quizá la Fiscalía se equivocó al remitir el asunto a la Audiencia. A las denuncias por presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción de negocios, se une ahora el de la Universidad Complutense por un presunto delito de apropiación indebida, aunque más parece tratarse de un presunto delito de malversación de caudales públicos, porque esta universidad al ser pública el dinero también lo es… Y, en fin, el derecho constitucional que asiste a la señora Gómez a guardar silencio y negarse a declarar, en mi opinión, podría fácilmente ser interpretado como una actitud indolente y remisa a colaborar con la justicia, aunque eso no es lo importante, sino el efecto inmediato que ha tenido para imputar a Barrabés y acelerar la instrucción.
Frente a este cúmulo de razones, y algunas otras surgidas también de sabios juristas, dicen los torpes comentaristas del proceso que todavía el juez podría archivar la instrucción. Poder, como se suele decir vulgarmente, puede, pero nadie en su sano juicio lo haría. Y si algo se ha demostrado en todo este proceso, es que tanto el titular del Juzgado Número 41 como la Audiencia han demostrado no sólo sindéresis jurídica sino mucho sentido común. Comprendo que el Gobierno pida y clame por el archivo de la causa, porque todos sus miembros están implicados empezando por su presidente, pero es incomprensible que existan medios de comunicación, a la izquierda y a la derecha, que traten este asunto con tanta frivolidad. Se empeñan en darle cancha a quienes insisten en que no se llevará la cosa al Juicio Oral, porque el Gobierno le torcerá el brazo al Juez y a la Audiencia de Madrid. No lo creo. Quizá eso pudiera suceder en el futuro y en otras instancias judiciales… Pero, en la actual fase del caso de la señora Gómez, la cosa es obvia. Causa instruida y juicio oral.
