De que hay políticos dispuestos a engañar, mintiéndoles, a los electores, no cabe la menor duda. Podrían ponerse muchos ejemplos de ello. Pero una cosa son las mentiras piadosas o las derivadas de la ignorancia, y otra las preparadas con mimo para ser expuestas, por ejemplo, en los debates electorales. Albert Rivera es, sin duda, el campeón nacional en esta materia, tal como demostró el lunes pasado en la Academia de Televisión cuando, hablando de economía y fiscalidad, mostró una cartulina impresa en la que se cuantificaba el que denominó ICB, un impuesto con el que pretendía financiar la retahíla de propuestas de política social que desgranó ante los espectadores. El ICB, aclaraba la cartulina, es el Impuesto de la Corrupción del Bipartidismo, y su cuantía la cifraba Ribera, en el mismo soporte, en 48.000 millones de euros al año. Para el lector que no se maneja en los números de la hacienda pública española, conviene aclarar que esa cuantía equivale a algo más de la mitad de la recaudación del IRPF, al doble de la del Impuesto de Sociedades o a dos tercios de la del IVA, por citar sólo las figuras tributarias más conocidas.
O sea que estamos hablando de una cantidad enorme, que sin duda serviría para enjuagar casi todas las penurias de la hacienda española si tenemos en cuenta que supera ampliamente la actual cuantía del déficit público. Si de verdad existiera el ICB, su eliminación acabaría siendo una especie de maná benefactor de la estabilidad presupuestaria, incluso siendo generosos con la expansión del gasto público. Pero lo malo es que tal impuesto no existe y que Rivera se ha inventado una cifra con la que engañar a los electores. Él cree que, en anteriores comicios, hablar de la corrupción de los demás —del PP y el PSOE, sobre todo— le había producido un rendimiento positivo en votos; y parece que ahora, cuando está en horas bajas, éste podría ser de nuevo un recurso para evitar la debacle que se anuncia. La fe es libre y no seré yo el que le saque de su alucinación, aunque toda la evidencia empírica de que disponemos señala que la corrupción apenas influye sobre las decisiones de voto.
Pero dejemos de especular sobre las intenciones de Rivera y centrémonos en el ICB. El candidato de Ciudadanos dice que son 48.000 millones al año, una cifra ésta que resulta muy próxima, aunque algo mayor, a la que estimaron los profesores Carmelo León, Javier de León y Jorge Araña, de la Universidad de Las Palmas, cuando valoraron la disminución de la satisfacción con la vida que producía hace un quinquenio la corrupción entre los españoles. Claro que esto no significa que tal insatisfacción pueda recaudarse en euros contantes y sonantes por parte de la hacienda. Además, como mostré en mi libro La pachorra conservadora, los españoles tenemos una tendencia clara a exagerar en esto de la corrupción, pues si nos atenemos al estudio que acabo de citar resulta que situamos su perjuicio en una cifra que es un poco más de cien veces mayor de la cantidad verdaderamente implicada en los casos de corrupción política.
Ahora, Rivera hace lo mismo. Si, partiendo de fuentes periodísticas, sumamos todas las cantidades implicadas en los casos conocidos de corrupción de los últimos veinte años llegaremos a una cantidad del orden de los 9.300 millones de euros. O sea, unos 465 millones al año, lo que sin duda no es despreciable, pero sí muy inferior a la cifra que exhibió el político catalán ante los espectadores televisivos. Vamos, que Rivera ha multiplicado por cien lo que realmente le ha costado al país la corrupción de los políticos y se ha quedado tan pancho. Además, pretende que él va a suprimir esa corrupción —por cierto, sin decir cómo y sin explicar, de paso, los casos, o más bien casitos, que afectan a su partido— y que con eso va a tener dinero con el que regar ayudas para todo: la natalidad, la escuela infantil, la España vacía y todo lo demás. Ya se ve que los políticos acabados sufren delirios de grandeza que, afortunadamente, ya no ilusionan a casi nadie.