La portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y líder de facto de la formación naranja tras la marcha de Albert Rivera, Inés Arrimadas, ha movido ficha para hacer posible un Gobierno constitucionalista y superar el actual bloqueo político. La propuesta de Arrimadas, plasmada en un escrito que ha enviado a la Moncloa, tiene la sensatez y la altura de miras exigibles a los líderes políticos en un momento en que resulta imprescindible garantizar la estabilidad de las instituciones, amenazada por quienes auparon a Pedro Sánchez a la jefatura del Ejecutivo tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.
Arrimadas afirma en su misiva que España está "ante una oportunidad histórica" para forjar un acuerdo entre las grandes fuerzas constitucionalistas que cierre el paso a las separatistas, más chantajistas que nunca. La diputada por Barcelona reclama un gran acuerdo entre PSOE, PP y Cs sobre las grandes cuestiones de Estado que blinde la democracia "frente a quienes quieren acabar con ella, que proteja a las familias de las políticas populistas "ante los nubarrones que se ciernen sobre la economía y el empleo" y que permita "superar este largo bloqueo institucional".
Se trataría, en suma, de que Pedro Sánchez, Pablo Casado y la propia Arrimadas negociasen un acuerdo para investir a un presidente constitucionalista con el apoyo de los 221 diputados que suman PP, PSOE y Cs, mayoría superior a los tres quintos exigidos para llevar a cabo reformas cualificadas.
Sánchez ha anunciado que se reunirá con Arrimadas una vez se le despeje la agenda de compromisos como el de la COP25. La trayectoria del personaje no aventura nada bueno, pero, en todo caso, es él quien tiene que decidir si España se dota de un Gobierno respaldado por una vasta mayoría parlamentaria comprometida con el orden constitucional o prefiere seguir negociando con sediciosos, comunistas y proterroristas. Nadie con un mínimo de sensatez, decencia y sentido de Estado tendría la menor duda de cuál sería su deber en esta tesitura.