No hace ni dos años que Pedro Sánchez tachaba públicamente a Quim Torra de "racista" y "supremacista" y le pintaba como "el Le Pen de la política española". Aun menos tiempo hace que el presidente del Gobierno se negaba incluso a cogerle el teléfono y le amenazaba con intervenir la Generalidad en aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Tal es, sin embargo, la querencia de Sánchez por la poltrona que si para seguir en ella necesita formar un Gobierno con Podemos –coalición que hace tan poco tiempo afirmaba que no le dejaría dormir–, lo hará; y si además debe reunirse "cuanto antes" con Torra para resolver con "diálogo" el golpe de Estado separatista –que el presidente en funciones ha pasado a llamar "conflicto político"– pues también lo hará.
Ya podrá el Dr. Sánchez disimular su servilismo diluyendo su llamada a Torra de este martes en una ronda de contactos con todos los presidentes autonómicos, que todos saben –empezando por "el Le Pen de la política española"– que no podrá ser investido presidente sin la aquiescencia de los golpistas de ERC, que, entre sus muchas condiciones, han impuesto la de que el Gobierno central negocie de igual a igual con un presidente regional de Cataluña que, como la propia ERC, mantiene intacto su compromiso de subvertir el orden constitucional y acabar con la unidad de España.
Torra ha aprovechado la llamada de este martes para recordar a Sánchez que los separatistas "sólo contemplan como solución" del "conflicto político" el ejercicio del mal llamado derecho de autotederminación y la puesta en libertad de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo. El PSOE está más que dispuesto a tragar, tal y como desveló la semana pasada la diputada de JxCat Laura Borràs, cuando aseguró –sin que nadie del PSOE saliera a la palestra para desmentirlo– que durante su primer contacto con los socialistas ya se habló de un nuevo referéndum para materializar el inexistente derecho de autodeterminación.
Si grave es esta deriva política, no menos bochornosa es la judicial. Ya no por la injusta lenidad de la sentencia del Supremo que absolvió a los golpistas del delito de rebelión y que hará casi innecesario el indulto del Gobierno, sino por los tres magistrados del Tribunal Constitucional discrepantes con la sentencia que desestima el recurso de amparo de Oriol Junqueras contra la prisión preventiva que le fue decretada por la Audiencia Nacional el 2 de noviembre de 2017 y confirmada en enero de 2018 por el TS. Que dichos magistrados progresistas consideren que "no había riesgo de reiteración delictiva" en la caso de Junqueras y compañía, habida cuenta de la intervención de la Generalidad, tendría un pase si la bochornosa aplicación del 155, ideada por Ciudadanos, llevada a cabo por el Gobierno de Rajoy y secundada por el PSOE, no se hubiera sustanciado con una insensata convocatoria de elecciones autonómicas, que nuevamente llevaron al poder a los golpistas. Con todo, los magistrados discrepantes no pueden negar el riesgo de fuga –como bien dejó demostrado el caso de Puigdemont– por lo que incurren en soberana contradicción al admitir como ajustada a Derecho la prisión preventiva de Junqueras y, sin embargo, tildar de "desproporcionada" la privación de un derecho mucho menos lesivo para el acusado que el de su libertad como es el llamado derecho al sufragio pasivo.
Así las cosas, tanto para la unidad nacional como para la vigencia del orden constitucional y el bienestar general de la ciudadanía, es preferible seguir con un presidente en funciones que tener a Sánchez gobernando con todas las de la ley de la mano de tan indeseables y contaminantes compañías.