El debate sobre la legitimidad o ilegitimidad de la investidura de Sánchez está abierto en canal. La legitimidad democrática no es algo que se adquiera de una vez por todas. Es un proceso irreductible a una regla aritmética. Y todo indica que Pedro Sánchez está lejos de haber alcanzado la nota mínima que le pudiera acreditar como presidente legítimo de España. La ilegitimidad del presidente de Gobierno no se justifica en vacíos juicios de intenciones sobre lo que hará o dejará de hacer el próximo Gobierno de España. Al contrario, es menester ceñirse a los hechos para saber que estamos ante uno de los Gobiernos con mayor déficit de legitimidad de la historia de la democracia.
Naturalmente, la investidura de Sánchez es adecuada a la ley. Por un voto más, por un único voto, ha salido elegido presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. ¿Es suficiente esta conformidad a la ley para considerarlo legítimo? Es obvia la respuesta. Nadie en su sano juicio puede aceptar que esta investidura cumpla los más elementales requisitos para ser legítima. No estamos, reitero, ante un problema aritmético. Se trata de un asunto carácter moral y político. ¿Qué ciudadano normal puede asumir de buen grado el poder de un presidente del Gobierno que cambia completa y radicalmente el ideario y el programa de su partido durante la campaña electoral y el proceso de investidura? Las mil contradicciones y mentiras de este político son imposibles de borrar. La legitimidad de origen de este presidente está seriamente dañada. No sólo hace lo contrario de lo que dice en sus discursos, sino que no consiguió dar un solo argumento, durante su investidura, que consiguiera persuadirnos de por qué había cambiado radicalmente de posición y de aliados.
Sin embargo, fue su silencio, su antidemocrático silencio, frente a los terribles ataques que algunos diputados hicieron contra la nación entera lo que convierte a Sánchez en un presidente no sólo débil sino ilegítimo en términos políticos. Tuvo ocasión de adquirir un poco de legitimidad, es decir, de autoridad democrática, pero prefirió entregarse a quienes tratan de derribar el mayor bien de los españoles: el Estado-nación España. Es ilegítimo, sí, este presidente porque ha roto las bases de continuidad del pacto simbólico, entre las grandes fuerzas políticas que aprobaron la Constitución en 1978, para defender la unidad nacional.
Sí, exterroristas, separatistas, comunistas y socialistas han investido a Pedro Sánchez presidente del Gobierno. Ninguno de esos agentes políticos defiende idea alguna de la nación española. Ninguno de esos partidos está dispuesto a defender la unidad de la nación española. Ninguno de esos grupos políticos ha respetado el fundamento de la Constitución: la Nación. La investidura de Pedro Sánchez se ha llevado a cabo, como diría Ortega, vaciando al Estado de la "sangre nacional". Estamos a las puertas de la construcción de un monstruo institucional que puede derivar en una de esas trágicas confrontaciones colectivas que creíamos haber superado de nuestra historia. Quien cierre los ojos ante estos hechos no comprenderá jamás que esta presidencia del Gobierno nace con un déficit de legitimidad difícil de solventar durante su ejercicio del poder. Ojalá me equivoque. Ojalá Pedro Sánchez adquiera un poco de legitimidad con el nombramiento de sus ministros, porque eso significaría que aún hay alguna esperanza para que "esta navecilla de España no naufrague". Ojalá sea capaz el nuevo presidente del Gobierno de reconstruir alguno de los puentes que él mismo ha destrozado.