La degradación de la política en España es de tal naturaleza que el Gobierno depende de un preso que no se arrepiente de sus delitos y está dispuesto a pactar con un prófugo cuyo programa consiste en destruir la democracia. Grosso modo, Pedro Sánchez es rehén de un tipo que se considera a su vez rehén del Estado al tiempo que negocia con el representante de un sujeto reclamado por la Justicia. Y este es el Gobierno que quiere cambiar el Código Penal para incluir la exaltación del franquismo y eliminar la sedición. Sin complejos.
Nada se entiende de la política española sin el pernicioso concurso de Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, dos individuos que deberían estar fuera de la política y a quienes los partidos democráticos deberían dispensar el trato de apestados que reservan para los componentes de una formación tan perfectamente legal y constitucional como Vox. Sin embargo, Junqueras y Puigdemont, Puigdemont y Junqueras resultan ser las columnas sobre las que se sostiene la legislatura y el Gobierno socialcomunista.
Junqueras, tal como se puede apreciar en las numerosas entrevistas que se le practican para menoscabo del periodismo, es un hombre con un punto mesiánico, dotado de una falsa espiritualidad que pretende descender al terreno humano aliñando su conversación con expresiones como "mierda", "puta mierda" y "hostia". En cuanto a Puigdemont, sólo le faltaba residir en Waterloo para creerse el mismísimo Napoleón con un embudo por sombrero.
Negociar con estos tipos o sus representantes es una afrenta a la leyes y contra los jueces que han preservado la unidad de España y ahorrado a los residentes en Cataluña penas, sufrimiento y ruina bajo un régimen de tronados. Pactar con estos sujetos es traicionar el espíritu de la democracia, es hablar con auténticos delincuentes, es relacionarse con personajes tóxicos que ni aún en el caso de que pidieran perdón serían de fiar.
Es un oprobio y un insulto hasta para los magistrados del Supremo que se plegaron a los criterios del Gobierno de Sánchez para condenar a los golpistas por sedición en vez de por rebelión, que era lo que tocaba. Es también un insulto a los componentes de la Junta Electoral Central, a los magistrados del Tribunal Constitucional, a los fiscales, al sistema judicial que ha preservado la dignidad nacional frente a la abulia pastueña de Rajoy y la traición de Sánchez. Y, además, un ultraje a los españoles que el Gobierno pretende disimular con cortinas de humo como la reforma del Código Penal y la Ley de Eutanasia.