La política en España se ha convertido en una lucha marrullera entre gañanes con un horizonte limitado a sus intereses personales, de partido o de campanario. Falta altura moral para datar los problemas de esa baja política que precede y genera la carcoma de la alta política, y que erosiona o fortalece las soluciones de Estado.
Estamos tan aturdidos por las zancadillas de la lucha partidista diaria que no vemos el bosque. De hecho, si esta columna, o cualquiera de las otras muchas que saldrán hoy en otros medios, no se para a comentar los últimos zarpazos que se han dado los padres de la patria se despreciará por estar fuera de la realidad; cuando no pararse un instante a pensar lo que nos pasa como sociedad, como Estado, es lo que nos impide liberarnos de tanta casquería y de tanto zascandil.
Sostenía Nicolás Redondo en la presentación de Equidistantes exquisitos el pasado lunes en Madrid, aludiendo a Zapatero como responsable de su abandono de la política:
Yo abandoné la actividad política por los impedimentos que se nos impusieron a los socialistas vascos en nuestra política de acción conjunta con el PP contra el terrorismo etarra y la negligente y dudosa combatividad del nacionalismo institucional, representado por el PNV de Arzallus e Ibarretxe. Tal vez, relacionado con el expresidente y Maragall, tenga interés constatar cómo cuestiones de índole menor, en este caso la necesidad de hacer oposición a un todopoderoso PP, llevó a Zapatero y a Maragall a proponer un nuevo estatuto de autonomía (...) vemos la desproporción entre la política partidaria y la política de Estado, la política pequeña y la política con mayúsculas, la política de los pícaros y la gran política; diferencias que ellos no supieron establecer ni ver.
Esta reflexión sosegada de las causas de lo que nos pasa como sociedad cada vez más crispada nos debería persuadir de que, sin un proyecto de Estado, España como nación de ciudadanos libres e iguales está a un paso de la ruina.
Todos los campanarios de España tienen un proyecto étnico, identitario, lingüístico, simbólico, y un enemigo para referenciar sus desgracias, la propia nación, el Estado que justifica su existencia y garantiza sus derechos. El único que carece de esa fuerza magnética para mantener unido lo diferente es el propio Estado. Un país de necios, una nación sin autoestima, que ni siquiera repara en la responsabilidad de su propia ruina. Hasta uno de sus vicepresidentes sostenía el martes sin despeinarse que no entraba a valorar "la calidad jurídica de una decisión judicial", aunque "políticamente", barruntó, la "suspensión de la semilibertad de los presos independentistas es una mala noticia" para los que defienden el diálogo en Cataluña y "afrontar el conflicto en el marco legal vigente".
¿Qué pretende? ¿Que las decisiones judiciales se dicten en función de las decisiones políticas, y, más concretamente, las suyas? ¿No tiene bastante con debilitar la soberanía del Estado frente a los delincuentes que la quieren socavar, que además lo hace mediante la destrucción de la separación de poderes? ¿En esto ha quedado su crítica compartida con los nacionalistas contra la "judicialización de la política"? ¿En proponer la politización de la Justicia?
Cuando un Estado ha llegado a estas perversiones democráticas en nombre del diálogo democrático, está cerca de su ruina. Pero, precisamente por ello, podría estarlo de su solución. Vuelvo a Nicolás Redondo. Hay que alzar la vista, desembarazarnos de la maleza de la pequeña política y atrevernos a diseñar un proyecto de Estado para Cataluña y el País Vasco y, si no nos damos prisa, también para Galicia. Un proyecto de Estado liderado por los dos grandes partidos nacionales. A grandes males, grandes remedios. A empecinadas diferencias partidistas, intereses soberanos. Como el bien común.