La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), más conocida como la ley Celaá en honor de la ministra de Educación y Formación Profesional, ha desatado a los talibanes de las lenguas regionales de España, quienes sin disimulo ni recato se disponen a enterrar el español por la vía de aplicar el truño legislativo al pie de la letra. Así, al perder su condición de vehicular, el español queda a expensas del arbitrio de los mandarines autonómicos de Educación, que en el caso del País Vasco, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Galicia, son gente que sin distinción de partido tienden a legislar y a actuar en contra del idioma común.
A la ministra Celaá le suda un pie. En el mejor de los casos debe ser porque ignora el sentido del término vehicular y le parece que una palabra más o menos no importa. Ella sostiene que el español no se va a perder en la escuela. Y en eso tiene razón porque en Cataluña, por ejemplo, ya se ha perdido en las aulas. Sobrevive en los patios de los colegios, donde los niños hablan una mezcla de español y catalán que a los comisarios lingüísticos de la Generalidad les pone de los nervios, como decir y escribir Gerona o Generalidad.
Lo de que una lengua sea vehicular o no tiene su enjundia, como muy bien saben en la Plataforma per la Llengua, un grupo de delatores lingüísticos vocacionales financiados por la administración autonómica de la región catalana que se dedican a acosar a quienes incumplen las rígidas normas impuestas por el nacionalismo. De hecho, se jactan en su último comunicado de ser los autores de la enmienda de ERC que elimina la condición de vehicular del español. Con ello se evitará que los tribunales fallen a favor de los padres que solicitan que sus hijos también reciban formación en español y no sólo en catalán, como es el uso generalizado.
El éxito del separatismo catalán en su campaña contra España y su idioma es innegable. Son años de trabajo de zapa cuya guinda es una ley orgánica especialmente elaborada a su gusto y que les permitirá exterminar la lengua española sin trabas judiciales. Se cumple así un viejo objetivo separatista imprescindible para la secesión.
Prueba del éxito catalanista es que sus criterios lingüísticos son ya de uso generalizado en las comunidades con dos lenguas oficiales. Ahí está el esférico ejemplo de la "normalizadora" de la Junta de Galicia, Alicia Padín, una señora que dirige una entidad financiada por la administración regional gallega y que acaba de declarar a La Voz de Galicia lo siguiente: "Hoy en día, ninguna persona culta debería atreverse a hablar en público castellano".
Esa es la clave de la acción lingüística de los separatistas, el punto de xenofobia supremacista, la característica identitaria, el rasgo definitorio, el uso de la lengua como una contraseña tan extendida en entornos sectarios o mafiosos. Lo escribió Salvador Sostres en el diario independentista "Avui" (Hoy) antes de saltar a la prensa española: "En Barcelona es muy hortera hablar español, yo sólo lo hablo con la criada y con algunos empleados". El artículo se titulaba "Parlar espanyol és de pobres", según recoge una breve nota que no tiene desperdicio de su actual diario, el ABC.