Tal y como avanzó en exclusiva Libertad Digital el pasado día 8, la Fiscalía ha rechazado conceder el indulto a los doce separatistas condenados por el referéndum ilegal del 1-O y la posterior declaración unilateral de independencia. Se trata de una decisión perfectamente lógica y completamente ajustada a Derecho, por cuanto en ninguno de los casos –que el Ministerio Público ha tratado pertinentemente de manera individualizada– existen “razones de justicia o de utilidad pública” para conceder tal medida de gracia y beneficiar a los autores de unos delitos de "extrema gravedad” que, para colmo, jamás han dado la menor muestra de arrepentimiento.
No hay que perder de vista que este hatajo de golpistas recibió una ridícula condena por sedición –cuando la Fiscalía pedía, cargada de razón, que se les condenara por el más grave delito de rebelión– que les permitirá salir próximamente de la cárcel gracias a los permisos que se conceden con el cumplimiento de la cuarta parte de una condena. De hecho, tal y como ha fanfarroneado la consejera de Justicia de la Generalidad, la esquerrisra Ester Capella, los condenados de su propio partido y los de Junts per Catalunya harán campaña electoral en la calle con ocasión de las autonómicas del 14 de febrero.
Lamentablemente, por muy encomiables que sean, los informes del Ministerio Público en contra de los indultos no tienen mayor relevancia en este panorama de cuasi impunidad; pues, aunque sean preceptivos, en modo alguno son vinculantes. Y lo mismo cabe decir de los que emita el Tribunal Supremo. La concesión de indultos es competencia exclusiva del Gobierno, y aunque, como destaca la Fiscalía, no hay “razones de justicia o de utilidad social” para su concesión, son de una extraordinaria utilidad para un Gobierno como el del infame Pedro Sánchez, que no tiene el menor escrúpulo para aliarse con los partidos de los condenados golpistas catalanes.
Teniendo presente esto, así como las veces en que el presidente del Gobierno ha permitido que los separatistas le presenten los indultos como moneda de cambio por su apoyo parlamentario –junto con una modificación del Código Penal para reducir las penas por sedición en la que el Ejecutivo felón ya se ha embarcado–, que nadie cante victoria, ni siquiera ante la advertencia que hace el Ministerio Público de que el indulto “no es una medida prevista para satisfacer intereses políticos coyunturales”.
Así es, pero Sánchez piensa exactamente lo contrario y tiene la sartén por el mango. Y con tal de seguir teniéndola es capaz de cualquier cosa.