El empecinamiento del PSC–con su candidato y ex ministro de Sanidad, Fernando Illa, a la cabeza– en que las elecciones regionales catalanas se celebren el próximo 14 de febrero no hace más que recrudecer la anomalía política que padece una Cataluña inmersa en un ilegal proceso secesionista desde 2012.
Para empezar, el miedo ciudadano, completamente lógico, a contagiarse en unas elecciones que se van a celebrar en pleno pico de la tercera ola de la pandemia ha triplicado el voto por correo en Cataluña, mientras numerosos componentes de las mesas electorales, tras exigir el aplazamiento de los comicios, han amenazado con no presentarse en los centros de votación.
Además de reiterar que la celebración de estas elecciones en plena tercera ola constituye una imprudencia temeraria tan grave como la perpetrada por los socialistas al empeñarse el año pasado en celebrar las manifestaciones feministas del 8-M, se debe advertir del avance del impacto del virus secesionista, que acaba de lograr que el Gobierno social-comunista acepte la exigencia de ERC de reunirse para tratar la amnistía de los golpistas presos y la resolución de un “conflicto político” que sólo generan unas formaciones secesionistas que confunden política y delito.
Si el separatismo viene corroyendo las instituciones democráticas y el Estado de derecho en Cataluña, este virus no está deteriorando menos su salud económica: así, la fuga de empresas a Madrid cumple ya 40 meses consecutivos, en un éxodo sin precedentes en las estadísticas mercantiles; y el goteo no sólo no cesa, sino que sube un 8% con respecto a 2019. Según los datos de cierre de 2020 facilitados por la Comunidad de Madrid, las empresas catalanas instaladas en la CAM en 2020 fueron 477, por encima de las 440 que lo hicieron en 2019. Así las cosas, bien podrían los catalanes quejarse de lo que les roba el independentismo, pues esas fugas de empresas las ocasionan no solo la inseguridad jurídica que genera el separatismo sino el infierno fiscal que este impone en aras de su ilegal –y carísimo– proceso de ruptura.
Nadie se llame a engaño. Cataluña no es un miembro enfermo de un cuerpo sano. Su cuádruple enfermedad –institucional, política, económica y sanitaria– no es más que el mejor reflejo de la crisis que padece España, cuyos Gobiernos –bien por cobardía, indolencia o, como ahora es el caso, por necesidad de apoyos parlamentarios– han consentido que en Cataluña impere una independencia de facto muy similar a lo que se viviría en esa región si en el futuro se convirtiese de iure en un Estado independiente en forma de república.
Y lo peor es que, ante esta enfermedad que deteriora la vida nacional, institucional y democrática de España, todavía no se divisa una vacuna.