El Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó suspender la convocatoria de elecciones anticipadas solicitada por los letrados del parlamento madrileño, en una decisión insólita que deja su prestigio profesional seriamente cuestionado.
Los responsables de los servicios jurídicos de la Asamblea de Madrid hicieron suyas las pretensiones de los partidos izquierdistas, que trataban de retorcer el espíritu de las leyes para impedir a la presidencia de la Comunidad Autónoma el ejercicio de su facultad de adelantar las elecciones. Se trataba de que las mociones de censura presentadas apresuradamente después de declarada la disolución del parlamento regional dejaran sin efecto una decisión ejecutiva de la presidenta madrileña adoptada con anterioridad, todo un disparate jurídico que los letrados del parlamento madrileño tendrían que haber rechazado de plano desde un primer momento.
Con un rigor pedagógico que debería abochornar a los letrados genuflexos de la asamblea madrileña, el TSJM explica que “firmado el Decreto por la Presidenta de la Comunidad de Madrid, conteniendo todos los requisitos exigibles por la normativa electoral autonómica, a las doce horas y veinticinco minutos (12:25) del día 10 de marzo de 2021, ninguna prohibición podría concurrir no sólo porque en esa fecha y hora no estaba en trámite ninguna moción de censura sino, más aún, porque las dos que se presentaron lo fueron posteriormente, a las trece horas y tres minutos (13:03), la primera, y a las trece horas y siete minutos (13:07), la segunda, como acreditan los documentos aportados por la propia parte actora".
Como es lógico, el tribunal entiende que la facultad de convocar elecciones queda "válidamente ejercitada desde el momento en que firma el decreto de disolución y convocatoria de elecciones, y sin perjuicio de que la eficacia de esta convocatoria electoral se despliegue una vez publicado el repetido decreto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid".
Aunque el auto dictado ayer no entra en el fondo de la cuestión por tratarse de una resolución sobre medidas cautelares, el peso de los argumentos jurídicos esgrimidos y la convicción con que son expuestos son indicios suficientes para entender que el recurso será rechazado cuando la Sala del TSJM dicte su resolución definitiva. Tan es así que hasta los dirigentes de izquierdas que protagonizaron esa sucia maniobra daban por hecho en las redes sociales que las elecciones tendrán lugar el próximo 4 de mayo, como ordenó Díaz Ayuso en su decreto.
Los madrileños, por tanto, podrán decidir en esa fecha a quiénes entregan la victoria en unas elecciones que, cada vez más claramente, serán una batalla decisiva entre socialismo y libertad.