En vista de las posiciones de la Abogacía del Estado en lo relacionado con el golpe de Estado del 1-O, bien se puede concluir que con defensores así el Estado no necesita enemigos. Primero se mostró contraria a procesar a los golpistas por el delito más grave de cuantos les adjudicaba la Fiscalía, el de rebelión, y se decidió por uno de menor reproche penal como el de sedición. Fue por eso que la abogada general del Estado, Consuelo Castro, fulminó al entonces abogado del Estado encargado del caso, Edmundo Bal.
Por otra parte, la Abogacía del Estado se contentó con cifrar en 4,1 millones de euros el dinero público malversado en la organización y celebración del referéndum secesionista; cantidad ridícula que, además, no venía acompañaba de reclamación alguna por parte de los letrados del Estado respecto a los millones de euros que tuvieron que detraerse de las arcas públicas para desplazar y hospedar en Cataluña a miles de policías, ante la reiterada negativa de las autoridades regionales catalanas a obedecer a los tribunales y desconvocar la ilegal consulta.
El escandaloso papelón de la Abogacía General del Estado, directamente dependiente del ministro de Justicia, se ha visto coronado este martes: en un informe de doce páginas, no sólo ha rehusado oponerse a la concesión de indultos a los golpistas, con la delirante excusa de que “no le corresponde manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto, pues, en caso de hacerlo, se estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión que solo al Gobierno compete”; además hace una consideración no menos falaz en favor del indulto asegurando que sediciosos ya “han reparado el perjuicio económico”
La posición de la Abogacía no es vinculante para la concesión de una gracia que, ciertamente, compete exclusivamente al Gobierno. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que los tribunales le han pedido su posición respecto del hipotético indulto, tal y como también se hizo con la Fiscalía, cuya negativa a la concesión de la gracia ya se hizo pública hace meses..
Más artera es aún la consideración de la Abogacía del Estado de que los golpistas ya han reparado “el perjuicio económico” sobre la base de las fianzas depositadas en el Tribunal de Cuentas por parte de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, que suman poco más de 4 millones de euros. Al margen de que esa cantidad no cubre ni de lejos el perjuicio económico causado a la Hacienda Pública por el golpe de Estado, resulta sorprendente que la Abogacía del Estado –tampoco la Fiscalía– haya hecho el menor requerimiento para garantizar que esos más de 4 millones de euros depositados en concepto de fianza provienen de los bolsillos particulares de esos cuatro golpistas, y no del contribuyente. Y hay que señalarlo porque resulta sorprendente que estos cuatro políticos, a los que no les ha tocado la lotería, tuvieran dinero suficiente como para poder desembolsar más de un millón cada uno.
En cualquier caso, es evidente y bochornoso el indisimulado deseo de la Abogacía del Estado de comportarse como Abogacía del Gobierno; de un Gobierno que, para colmo, depende de formaciones separatistas enemigas del Estado.