Ya está claro que la dirección del PP ha decidido que no utilizará la concesión de los indultos para presentar una moción de censura contra Pedro Sánchez, a pesar de que Inés Arrimadas y Santiago Abascal han adelantado que la apoyarían. Pablo Casado no ha perdido mucho tiempo en dirimir la cuestión. Cree que el presidente del Gobierno saldría fortalecido, porque podría acreditar la solidez de sus apoyos parlamentarios, y que las cosas le van bien como van sin necesidad de correr riesgos innecesarios. Las encuestas acreditan el desgaste del PSOE y le sitúan a él en cabeza. No necesita echarle más leña al fuego. Hay puntillas que reviven a los morlacos moribundos.
El razonamiento tiene muchos adeptos y goza de una larga tradición en el ámbito de la derecha. De hecho es arriolismo puro. Como diría Rajoy, a veces la mejor decisión consiste en no hacer nada. Los cabezas de huevo de Génova creen que el poder acabará cayendo de su lado como una fruta madura y que las elecciones no se ganan por méritos propios, sino por errores del adversario. La constatación empírica así lo acredita. ¿Aciertan o se equivocan? La pregunta es capciosa. En primer lugar porque nunca llegaremos a saber qué habría pasado si Casado hubiera decidido lanzarse a la piscina, y en segundo lugar porque convierte el dilema en un asunto utilitarista. No se trata solo de saber si es lo mejor o lo peor para llegar al poder. De lo que se trata es de estar a la altura moral que exigen las circunstancias históricas.
Nunca antes la pervivencia de la idea de España había corrido tanto peligro. Apenas quedan resortes del Estado con capacidad para defenderla. El Gobierno ha ido desactivándolos uno a uno hasta convertir el panorama institucional en un paisaje melancólico. Los últimos ejemplos son paradigmáticos. El Tribunal Supremo dijo que la concesión de los indultos era una solución inaceptable y Sánchez se pasó su opinión por el forro de sus caprichos. El Tribunal de Cuentas tramita el embargo de los caudillos del procés que malversaron fondos públicos para financiar la sedición del 1-O y Sánchez deslegitima a los magistrados del órgano fiscalizador sacando a pasear su pasado político. Lo próximo es evitar, a través de las reformas legales correspondientes, que el Tribunal Constitucional pueda ponerle trabas a los pactos que alcancen socialistas e independentistas en la mesa de diálogo.
Lo contaba ayer Ketty Garat en una excelente crónica publicada en este diario: el PSOE apoya la proposición de ley del PNV que pretende derogar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía y el carácter ejecutivo de las sentencias del TC. De esta manera, si los nacionalistas vascos convencen a los separatistas catalanes para ir de la mano a sendas reformas estatutarias que reconozcan a Cataluña y Euskadi como Nación no habrá ningún impedimento para que las nuevas normas entren en vigor, previa celebración de los consabidos referéndums, antes de que el alto Tribunal pueda dejarlas sin efecto. Ese es el plan que, según parece, acaricia el Gobierno para avanzar por el camino de la concordia preconizado por Sánchez. La idea es que adquiera carta de naturaleza sin que los filtros del Estado puedan evitarlo.
Así las cosas, el papel de la Oposición adquiere una especial relevancia. Maniatadas las instituciones que pueden impedir el cambio de Régimen que hornea el departamento de orfebrería jurídica de La Moncloa, las voces de PP, Vox y Ciudadanos son casi las únicas que pueden alertar del riesgo que se cierne sobre nuestras cabezas. Abascal y Arrimadas le ofrecen a Casado la oportunidad de liderar ese frente de resistencia. Ahora le corresponde al líder del PP explicar por qué declina el ofrecimiento. El argumento de que el fracaso seguro de la moción de censura sólo serviría para darle aire a Pedro Sánchez solo se entiende en clave de poder. Lo que está en juego trasciende su interés partidista. No todas las batallas que no se pueden ganar son batallas inútiles.