Aun cuando Vox no forma parte del Gobierno autonómico de Madrid, el buen clima de diálogo y entendimiento existente entre el PP de Isabel Díaz Ayuso y el partido de Rocío Monasterio ha hecho posible el encomiable acuerdo en pro de la reducción del gasto político que supondría la reducción del número de diputados en la Asamblea regional de 136 a 91, algo que por otra parte ya consensuaron en el acuerdo de investidura de Ayuso. Si cualquier ejercicio de austeridad pública ha de ser aplaudido, más aún deben serlo en momentos como el actual, de grave crisis económica.
Lamentablemente, este acuerdo necesitaría para que llegue a ejecutarse del respaldo de al menos 13 diputados regionales de la oposición de izquierdas, pues requiere una reforma estatutaria que requeriría la aprobación de dos tercios en la Asamblea de Madrid y la sanción de las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
Pero la sensibilidad social de la izquierda brilla por su ausencia y su oposición a que sea la clase política la que se apriete el cinturón, en vez de los autónomos, los asalariados o las familias, es tan firme como su rechazo a las rebajas fiscales de que disfrutan los madrileños. De hecho, ya se ha manifestado en contra de esa reducción del número de diputados con el bochornoso argumento de que constituye un "recorte de la democracia". Como si la calidad de la democracia no dependiera de que los representantes públicos sean elegidos en unas elecciones libres sino de su cantidad. Según este demencial criterio, el Congreso de los Diputados del Pueblo de la Unión Soviética era el gran faro de la democracia, pues contaba nada menos que con 2.250 representantes.
Aun así, ese acuerdo de PP y Vox, lejos de ser un brindis al sol, constituye un referente, un claro ejemplo de los efectos benéficos que cabe esperar de un entendimiento entre ambas formaciones. Encaja además con los acuerdos –en este caso de gobierno– que han alcanzado en Castilla y León en pro de una gran bajada de impuestos, derivada del compromiso común de reducir la presión fiscal y el "gasto institucional superfluo [e] ineficaz o que no redunde en el bienestar de los ciudadanos".
Y es que, tal y como ha expresado Santiago Abascal ante los micrófonos de esRadio, el Gobierno de coalición de Castilla y León –y los acuerdos para la investidura de Ayuso en Madrid– puede y debe ser un "experimento piloto" de lo que puede suceder en toda España. De ahí que la necesidad de que PP y Vox lleguen a pactos, tal y como defiende Ayuso, "aun sin necesitarlos", no sólo la proclame Abascal, o Mañueco, también y cuanto antes Alberto Núñez Feijóo.