El nuevo decreto por el que el Tribunal de Cuentas controlará el precio de los cepillos de dientes que compre el rey, la frecuencia con la que renueve sus camisas, las ocasiones en que haga regalos a su familia o los gastos de un viaje privado es una humillación. Dice Félix Bolaños: "Supone ponerla al mismo nivel que el resto de instituciones españolas. Ponemos a la Monarquía española donde debe estar". Es mentira. Pedro Sánchez hace constante uso privado del Falcon y no da explicaciones, por no hablar del descontrol de los gastos reservados de Presidencia del Gobierno y de algunos ministerios. Nadie nos cuenta quién paga los desfiles de modelos de algunas ministras o los sastres de los ministros. Y, por supuesto, todos los españoles, incluidos los políticos, hacemos con nuestro dinero lo que nos parece sin tener que dar explicaciones a nadie. Salvo, a partir de ahora, el rey.
Dirán que todo esto es consecuencia de los escándalos económicos de su padre. También esto es mentira. Felipe González es mucho más rico de lo que lo era cuando fue investido presidente del Gobierno y nadie lo investiga. Si Juan Carlos no fue ejemplar, ¿quién lo fue en el felipismo? Y, el que menos, Felipe González, cuyo entorno robó lo que no está escrito y desde su Gobierno se montó una organización terrorista.
Felipe VI no está pagando los pecados económicos de su padre, está pagando el haber defendido a la nación con su emocionante discurso del 3 de octubre de 2017. Aquel discurso no sólo disgustó a los independentistas. Enojó sobre todo a Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, y a Pedro Sánchez, líder de la oposición. Y la peor consecuencia que tuvo fue el dar a los jueces y magistrados que tuvieron que combatir el intento de golpe de Estado en Cataluña el ánimo que necesitaban para aplicar sin más la ley y desoír las exigencias de los políticos para que los delincuentes salieran impunes.
Se dirá que dio igual porque al final ahí están todos, indultados, gobernando Cataluña y arrastrando a la región y a España entera hacia el mismo despeñadero hacia donde las dirigían en 2017. Pero la verdad es que ya nada es igual. Ya no hay tantos independentistas en Cataluña, ya no hay tantos españoles dispuestos a pasar por la independencia de Cataluña con tal de no tener que oír a los separatistas quejarse un día sí y otro también, ya no hay tantos jueces dispuestos a comulgar con ruedas de molino. Y la responsabilidad de que sea así es del rey. Y eso, los políticos no se lo perdonarán jamás porque los puso en evidencia, porque destacó sin decirlo los muchos años que llevan desatendiendo sus obligaciones.
Del mismo modo que castigan a los altos funcionarios, especialmente a los jueces, que se resisten a cometer las ilegalidades a las que les inducen privándoles de los ascensos que merecen, cuando no abriéndoles inmerecidos expedientes, nuestros políticos no pueden tolerar que el rey hiciera lo que ellos tendrían que haber hecho y que, por cobardía y bajos intereses políticos, no hicieron. Consideran el precedente malísimo y el rey, como cualquier otro alto funcionario que cumple con su obligación en contra de los deseos de los políticos, ha de ser castigado. Para que aprenda y no lo vuelva a hacer.
Como español, no sé cómo agradecerle lo mucho que ha hecho Felipe VI por preservar la unidad de España cuando la casta dejó de cumplir con su deber. Estoy seguro de que, si fuera necesario, lo volverá a hacer por mucho que le castiguen. En cualquier caso, muchas gracias, señor.