Frente a la propaganda de la izquierda, habitualmente lo mejor es recurrir a los datos: no hay nada que desmienta tanto los postulados del progresismo como la realidad, y en no pocas ocasiones las estadísticas son harto elocuentes.
Hay un dato demoledor para los partidarios de la infame Ley de Violencia de Género (LVG): la verdad tras el discurso de que no existen las denuncias falsas es que casi el 44% de las denuncias por violencia de género presentadas en 2021 fueron desestimadas en el primer eslabón judicial, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sedes judiciales especialmente dedicadas a este tipo de casos y por tanto sensibilizadas con la cuestión o, como dirían las feministas más estólidas, que tienen "perspectiva de género".
No se trata de un hecho excepcional o de una sucesión de casualidades: esa cifra se corresponde casi al milímetro con la de años anteriores: 43% en 2020 y 42% en 2019.
Por supuesto, eso no quiere decir que todas esas denuncias fueran falsas: que no pueda demostrarse judicialmente algo no quiere decir que sea falso. Del mismo modo que el bajísimo porcentaje de condenas por denuncia falsa no refleja ni de lejos la realidad del problema, ya que es algo especialmente difícil de demostrar, los jueces suelen ser reticentes a iniciar procedimientos y en muchísimas ocasiones los afectados se han visto sometidos a un desgaste tal que sólo quieren terminar su calvario y olvidarse de los juzgados.
En cualquier caso, la verdad que a nadie puede escapársele es que resulta imposible pretender que, con juzgados creados ad hoc y una ley indigna de tal nombre que invierte la carga de la prueba, no hay entre ese 44% de denuncias rechazadas –más de 70.000 sólo el pasado año– ninguna falsa.
Como lo fueron, por ejemplo, las seis que la secuestradora María Sevilla puso a su exmarido, Rafael Marcos, que luego ha tenido que ver, encima, cómo la descalificable ministra Irene Montero le insultaba públicamente. Y lo son las utilizadas por abogados y mujeres desaprensivos como medidas de presión o venganza en procedimientos legales viciados por esta LVG que no sólo es inadmisible desde un punto de vista moral y democrático, sino que resulta un clamoroso fracaso, porque no ha cumplido, ni de lejos, con su supuesto propósito de acabar con los asesinatos de mujeres a manos de sus (ex)parejas.
La LVG no es el único pero sí el peor ejemplo de una legislación insensata y dañina cuyo verdadero fin no es solucionar problemas sino crear brechas y enfrentamientos en la sociedad, al precio que sea. Derogarla debe ser una de las cuestiones que se aborden en el primer Consejo de Ministros del Gobierno que sustituya a Pedro Sánchez y sus compinches.