En su larga, larguísima exposición de motivos, el proyecto de ley de Memoria Democrática dice que su propósito, su sana y buena intención, es evitar que se repitan los errores del pasado. Hay que "neutralizar el olvido y evitar la repetición de los episodios más trágicos de nuestra historia", dice textualmente. "La historia no puede construirse desde el olvido y el silenciamiento de los vencidos", afirma. "El olvido no es opción para una democracia", sentencia después. Bien, demos por válidos estos asertos. Pero, ¿de qué olvido hablan? ¿De qué silenciamiento? A la vista de esta larga, farragosa, imprecisa, impostada y malamente redactada exposición de motivos uno llega a la asombrosa conclusión de que sus autores e impulsores políticos o no vivieron en España durante la Transición o desconocen todo lo que se acordó y se hizo entonces. Es una ley hecha por desmemoriados.
Es una ley hecha por adanistas y para adanistas. Por los que creen o quieren hacer creer que nada se hizo antes de ellos para restañar las heridas de la guerra y de la dictadura. Ignoran - o es como si ignoraran - el regreso de los exiliados, el reconocimiento que obtuvieron y los homenajes que se les hicieron. Desde el año 1976, antes de las primeras elecciones democráticas, empezaron a retornar. Volvieron a España personalidades conocidas como Dolores Ibárruri, Rafael Alberti, Tarradellas, Valentín González, el Campesino, o Sánchez Albornoz, e igual otros de menor fama, pero relevantes en su día. Pues como si no. Pero también ignoran las normas que se aprobaron aquellos años para reconocer y pensionar a los miembros del ejército republicano, para reparar a víctimas de la guerra o para indemnizar a los que habían sufrido cárcel bajo la dictadura. Hay un reguero de normas en el BOE, incluido el reconocimiento de los títulos académicos obtenidos en el exilio, a las que hay que añadir las que aprobaron, para ampliar derechos, las comunidades autónomas.
Ignoran, y ésta es la cima de la ignorancia que destila la ley, que la Transición no se fundó en ningún olvido ni pacto de olvido, y que tampoco los instituyó. No hubo amnesia. El pasado y sus "episodios más trágicos" estuvieron muy presentes. Por eso mismo se hizo como se hizo y no de otra forma. Se había aprendido tanto de los errores del pasado que se tomaron decisiones trascendentales para evitar su repetición. De algunas seguimos viviendo. Es el caso de la Constitución. Fue el caso de la Ley de Amnistía. Si el edificio democrático se construyó sobre los cimientos de la reconciliación entre los vencedores y los vencidos - o entre los herederos de unos y otros - fue precisamente para no repetir errores. Ni olvido ni pacto de olvido ni amnesia. Lo que hubo fue un compromiso, implícito en la Transición, incardinado en la reconciliación, para no utilizar los episodios trágicos del pasado en la pugna política.
Ignoran, cómo no, todo lo que hizo en relación a la simbología de la dictadura. Porque durante aquellos años se retiraron símbolos y estatuas y se cambiaron nombres de calles, que por lo general volvieron a los que tenían antes. Todo esto se hizo con normalidad, con naturalidad, sin escenas de revanchismo. Quedaron algunos símbolos y estatuas. El Valle de los Caídos, por uno u otro motivo, se decidió no tocarlo. También quedaron fosas por explorar y restos de fusilados por exhumar. Pero lo esencial se llevó a cabo. Y se hubiera seguido haciendo del mismo modo si el PSOE no hubiera levantado la bandera de la revancha en los primeros años del siglo XXI. Hasta entonces había cumplido, con mayor o menor lealtad, aquel acuerdo de convivencia que selló la llegada de la democracia. Pero todo cambió tras la mayoría absoluta del PP en el 2000. No es que de pronto descubrieran que había un deber moral de reparación pendiente. ¡Casi tres décadas después del fin de la dictadura! Lo que descubrieron fue que podían utilizar el pasado contra el partido de la derecha. El origen político del giro socialista hacia la memoria histórica está en aquella victoria de Aznar que tanto los inquietó.
Luego hay frases increíbles. "La construcción de una memoria común no es un proyecto nuevo en la sociedad española", dicen. No es nuevo, explican, porque ya lo hizo Franco. Ponen a Franco de pionero en la política de memoria. Y siguen: "El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizada e invisibilizaba radicalmente a las víctimas vencidas tras el triunfo del golpe militar". Es decir, Franco hizo, con los de su bando, lo mismo que ellos quieren hacer con el otro. No hay leyes de memoria malas hechas por los malos y leyes de memoria buenas hechas por los buenos. La mejor ley de memoria es la que no existe. La mejor ley de memoria es la que hizo la Transición sin hacerla.