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EDITORIAL

18 de septiembre: Una nación llamada España

Escuela de Todos ha convocado para el próximo 18 de septiembre una manifestación en Barcelona con el lema "Español, lengua vehicular".

Escuela de Todos ha convocado para el próximo 18 de septiembre una manifestación en Barcelona con el lema "Español, lengua vehicular".
Una enorme bandera de España en una manifestación contra el separatismo en Barcelona. | EFE

La Generalidad formada por los partidos golpistas ERC y Junts per Catalunya (JxCat), con el concurso indisimulado del Gobierno socialcomunista y la delegación catalana del sanchismo, el PSC, ha logrado su propósito: amedrentar hasta tal punto a los jueces que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la plataforma "Escuela de Todos" para que se imparta un 25% del horario lectivo de la enseñanza obligatoria en español en el próximo curso.

La sentencia del 25% del citado TSJC se ha convertido en papel mojado por las maniobras legislativas de los grupos separatistas y el PSC y por un decreto del gobierno autonómico catalán que prohíbe expresamente la aplicación de cuotas en la enseñanza de los idiomas. Tras haber amenazado, acosado y coaccionado a los padres que pedían enseñanza también en español para sus hijos, separatistas y socialistas han logrado que el TSJC se remita al Tribunal Constitucional y ponga en barbecho su propio fallo, una mínima cuota de español, idioma cooficial en Cataluña, pero sólo en teoría.

Uno de los pilares del nacionalismo catalán es la erradicación del español, empeño al que se aplicaron con entusiasmo ya desde el franquismo y que tiene en el procedimiento de la "inmersión lingüística" en la escuela su herramienta más poderosa. Gran parte de su éxito se debe a la complicidad de la izquierda, tanto en Cataluña como en el resto de España. Sin los socialistas y los comunistas, la discriminación y marginación de los hispanohablantes en su propia tierra no habría sido posible.

Además de la impunidad judicial para los golpistas, el otro gran acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y la Generalidad golpista ha sido un supuesto plan de "fomento" del catalán cuya verdadera sustancia es que el Ejecutivo avala la política lingüística del separatismo en contra del idioma español. Se trata de un aviso que ha sido perfectamente recogido por el ministerio fiscal, que ha apoyado con entusiasmo la decisión del TSJC de que en las escuelas catalanas no se debe enseñar el español, reducido en el mejor de los casos a una asignatura de lengua extranjera.

"Escuela de Todos", una plataforma formada por una veintena de organizaciones y encabezada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e "Impulso Ciudadano", ha convocado para el próximo 18 de septiembre una manifestación en Barcelona con el lema "Español, lengua vehicular". Tras años de luchar en los tribunales para conseguir la normalización del español en los ámbitos administrativos y educativos de Cataluña, han decidido dar un paso más y expresar en la calle su oposición al "apartheid" lingüístico de los hispanohablantes en la región. A tal efecto han convocado una manifestación en Barcelona el próximo 18 de septiembre.

Se trata de una cita imprescindible para parar los pies a los separatistas y a los socialistas, que pretenden que en una parte de España el idioma común sea relegado a una lengua extranjera que requiere menos atención docente que el urdu o el tagalo. El éxito del proyecto separatista se funda en la desespañolización de Cataluña, de modo que la erradicación de la lengua y la cultura hispanas es la clave de sus programas "educativos". Eso explica también que la Generalidad haya apostado históricamente por la inmigración magrebí frente a la hispanoamericana. Y eso es causa además de que la región se haya convertido en un auténtico santuario islamista.

La Generalidad arguye que el idioma catalán está en retroceso, que niños y adolescentes hablan castellano en los patios de recreo, que los estudiantes universitarios prefieran los títulos impartidos en español o inglés y que en las redes sociales sean los idiomas prioritarios. No reparan en que sus imposiciones han resultado del todo punto contraindicadas para el efecto que perseguían, a pesar de los destrozos que han provocado en el idioma español. No hay más que ver cómo hablan español la mayoría de dirigentes separatistas educados en la inmersión. Es absolutamente falso que el saldo de la inmersión lingüística sea que los jóvenes catalanes acaban la enseñanza obligatoria hablando perfectamente catalán y castellano, tal como proclaman. Los separatistas están cercenando el futuro de los jóvenes de Cataluña.

Hasta ahora, las entidades en favor del español habían enfocado su lucha en los tribunales, pero ha quedado demostrado que para los socialistas y para los separatistas no cuentan las sentencias judiciales sino sus propias leyes y decretazos. De ahí que se deba ampliar el radio de acción de la oposición contra la discriminación y marginación de los hispanohablantes en la propia España.

El proceso separatista está en horas bajas, pero también a la espera de eso que llaman una "ventana de oportunidad" para volver a perpetrar un golpe contra la democracia y contra más de la mitad de los ciudadanos de Cataluña, muchos de los cuales votan a favor del PSC en la creencia de que sus derechos lingüísticos o el derecho de sus hijos y sus nietos a recibir enseñanza en su lengua materna están garantizados por los socialistas. Nada más falso. Tampoco el PP ha mostrado ninguna eficacia en la materia cuando ha sido el partido del Gobierno. De ahí el surgimiento de Ciudadanos, cuyo proceso de degradación tiene que ver precisamente con el abandono de su misión original, la defensa de los derechos lingüísticos, sociales y políticos en Cataluña.

La manifestación del 18 de septiembre coincide con el quinto aniversario del golpe de Estado y encaja entre la tradicional exhibición separatista del 11 de septiembre y los fastos que Generalidad, partidos y organizaciones separatistas preparan para conmemorar ese insulto a la democracia que fue el simulacro de referéndum del 1 de octubre. Tanto la "Diada" como el "1-O" cuentan con el respaldo de la Generalidad y los ayuntamientos catalanes, así como del Gobierno. La manifestación del 18-S en cambio, carece de padrinos. Los partidos que se reclaman constitucionalistas no parecen ni conmovidos ni concernidos. Es una convocatoria de familias, de entidades como la AEB, Impulso Ciudadano, los jóvenes de "Se ha acabado", Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana, Acción Cultural Miguel de Cervantes, Hablamos Español o Sociedad Civil Catalana. Resistentes, gente que lleva mucho tiempo reivindicando que Cataluña es España y que los niños merecen que se les enseñe a hablar y escribir en las lenguas de sus padres, en vez de ser objeto de un tortuoso experimento sociológico cuyo único propósito es convertir la región en una república exyugoslava.

La gran manifestación del 8 de octubre de 2017 contra el golpe de Estado, que reunió a más de un millón de personas en Barcelona, fue crucial. Esta también lo es. Están en juego los derechos de todos los niños a recibir una enseñanza de calidad, así como su futuro en un país libre y democrático llamado España.

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