Las recientes maniobras legislativas del Gobierno socialcomunista para hacerse con el Poder Judicial han tenido ya su primera consecuencia práctica al impedir el nombramiento de 65 magistrados en puestos de alta responsabilidad. En solo año y medio, la ley impulsada por el Ejecutivo por el procedimiento de urgencia para bloquear el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial ha dado al traste con la renovación indispensable de puestos de gran relevancia en la arquitectura judicial española, como ocurre con las 15 vacantes de las salas de lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Tribunal Supremo que siguen a la espera de que se autorice su sustitución. Lo mismo ocurre con el presidente de la Audiencia Nacional y otros 24 magistrados de los tribunales superiores de justicia autonómicos, 17 de los cuales son precisamente presidentes de sus salas respectivas.
La paralización de estos órganos judiciales va a tener un impacto significativo en su funcionamiento, ralentizado aún más por culpa del empeño de Sánchez en hacerse con el control del órgano de los jueces a toda costa tras el fracaso de las conversaciones con el Partido Popular para la renovación del CGPJ.
La ruptura de las negociaciones entre los dos partidos estuvo forzada por Sánchez y sus socios, que trataron de imponer el nombramiento de dos vocales probadamente sectarios como los jueces José Ricardo de Prada y Victoria Rosell para el CGPJ. Fracasada su intentona por la vía del acuerdo, Sánchez decidió bloquear al consejo para evitar cualquier nombramiento judicial ajeno a sus deseos a través de una norma arbitraria que ha recibido las más fuertes críticas dentro y fuera de España.
Pero toda esa operación del Gobierno socialcomunista para maniatar a un órgano que se escapa de su control fue también modificada por el Ejecutivo y sus socios separatistas a través de una chapucera reforma de urgencia, con el fin de poder nombrar a dos miembros del Tribunal Constitucional y cambiar a su favor la mayoría ideológica de sus integrantes. Con esta maniobra, Sánchez quería dar satisfacción a las exigencias de Bildu y ERC, que exigen un TC favorable a las tesis del Gobierno a la hora de juzgar asuntos tan sensibles como los indultos a los golpistas del procès.
Toda esta vasta operación del Gobierno socialcomunista para controlar el Poder Judicial, a la que hay que sumar el bochorno de una Fiscalía General del Estado absolutamente politizada, ha levantado las más fuertes protestas de las autoridades europeas, obligadas por la desfachatez sanchista a emitir un informe demoledor. En ese documento, la Comisión Europea denuncia las maniobras gubernamentales para controlar la Justicia y exige una reforma profunda del sistema de renovación del CGPJ para que la mayoría de sus miembros sean elegidos libremente por jueces y magistrados. Al mismo tiempo, considera intolerable la situación de la Fiscalía tras los nombramientos de Sánchez, cuyo estatuto tendrá que reformarse también para eliminar la bochornosa dependencia actual del Ejecutivo y garantizar su independencia y credibilidad.
Pero todos estos males no son de ahora, sino que tienen su origen en la politización de la Justicia que han perpetrado PSOE y PP indistintamente cuando han ocupado el poder, una situación que nos aleja de los estándares de las democracias europeas por la falta clamorosa de independencia de nuestra cúpula judicial. Las ambiciones de Sánchez y su falta de escrúpulos lo convierten en un personaje incapaz de actuar con un mínimo de lealtad institucional. El PP de Núñez Feijóo, anulados los pasteleos de Casado y García Egea con los enviados de Sánchez, debe apostar en cambio por una reforma a fondo del CGPJ para volver al espíritu de la Constitución y convertir el órgano de los jueces en un instrumento eficaz e independiente. Cualquier otra cosa implicará mantener en el tiempo una situación que ya avergüenza hasta a nuestros socios de la UE.