Nada más hay que tener presente el esperpento de anteayer en el Palacio de la Moncloa –cuando debió haber tenido lugar en Las Cortes, que representa al pueblo, que es donde emana la justicia en España—, para darse cuenta que la famosa expresión de mi exalcalde Pedro Pacheco tienen aún una potencia colosal de descripción e interpretación de lo que realmente pasa. Aquella afirmación le costó lo suyo. Nadie sabrá nunca por qué, pero acusado de haber colocado a dos amigos en sendas empresas públicas dependientes del Ayuntamiento de Jerez, fue condenado a varios años de cárcel que ha cumplido religiosamente. ¡A dos amigos! Como es sabido, sólo en el Servicio Andaluz de Empleo el PSOE andaluz colocó a más de 1.000 y, en conjunto, la Junta –dicho por UGT—, conformó una administración paralela de alrededor de 35.000 personas que fueron contratadas sin cumplir los requisitos fijados para el acceso a la Función Pública.
Pero vamos a lo de ayer, que tiene mandanga. Tres horas de reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núnez Feijóo, a la que al poco tiempo de iniciada se incorporaron los asesores aúlicos de ambos, el señor Bolaños y el señor González Pons. Varios años llevan ya ambos partidos tratando de resolver el problema de la independencia de la justicia, que no gusta ni a los unos ni a los otros, si bien es cierto que a quien no le place nada de nada Montesquieu es a la izquierda. Recuerden que quiso enterrarlo, verbalmente primero, y casi lo consiguió en la Ley del Poder Judicial de 1985 identificando pueblo con partidos. Y tras tres horas de reunión, no hubo nada salvo la promesa de un próximo encuentro "definitivo". Da la risa.
¿Qué cuál es el problema? Muy sencillo y hay que recordarlo porque el tiempo nubla la memoria. La Constitución dice de manera clara y distinta que "el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".
Como se deduce claramente, tales doce jueces no son nombrados por los partidos ni por el gobierno. Pero tampoco dice cómo y quienes los elegirán. En la Ley Orgánica de 1985 que impuso el PSOE se acabó con toda expectativa de que tales jueces fueran elegidos por los propios jueces y sus asociaciones o por el Rey y se impuso la tesis de que los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial debían ser elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado si obtenían los tres quintos de los votos del total de los plenos. Esto es, el poder judicial dejaba de tener, de hecho, una mayoría independiente y pasaba a ser pasto de los partidos políticos. Lo que se vivió desde entonces fue una pelea continua, con negociaciones interpuestas por ver cuál de los dos partidos controlaba más jueces para orientar órganos y sentencias.
Todo se ha visto muy claro, por ejemplo, en el caso del golpe de estado perpetrado por el separatismo catalán, en cuya sentencia el levantamiento rebelde y secesionista quedó en algarada mal organizada porque así interesaba al gobierno de Pedro Sánchez y sus socios. Vamos, que ya están en la calle. Justo es decir que también se ha visto la sentencia del caso ERE y otras sentencias, aunque las izquierdas consideren que han sido posibles por el dominio de jueces "conservadores", esto es, no socialcomunistas o de la cuerda.
Desde 1985, la justicia es un cachondeo en manos de los dos grandes partidos que han gobernado alternativamente hasta ahora. Negocian para repartirse los puestos en el Tribunal Constitucional, en el Tribunal Supremo, en los Tribunales Superiores de las Comunidades Autónomas y, cómo no, en el Consejo General del Poder Judicial. Es un escándalo que contradice los más sagrados principios de la democracia liberal y que ha conducido a lo que decía Montesquieu que caracterizaba a los gobiernos despóticos. "Cuando los salvajes de la Luisiana quieren comer de una fruta, arrancan el árbol para cogerla. Éste es un simulacro del gobierno despótico". Y esto es lo que están haciendo PP y PSOE, y quieren hacer otros, sobre todo los comunistas y separatistas: derribar el prestigio, la autoridad moral y la ecuanimidad de un poder judicial democrático para comerse sus puestos de mando asociadamente en un infame ejercicio despótico.
De estarse ante una política de cierta altura intelectual y moral, la pregunta sería cómo conseguir que el poder judicial en España diera a los ciudadanos una oportunidad de obtener justicia fuese quien fuese el transgresor de la ley o el autor de un abuso. Esto es, los propios jueces deben obligarse a ser independientes hasta de sus propias creencias y aceptar sólo el mandato de la Ley. Pero en realidad, como siempre hemos creído la gente de a pie, esto de la justicia es una lotería que depende del juez que te toque en las instancias inferiores y puede ser un infierno que depende del partido que controle a los magistrados en las instancias superiores. Sí sigue siendo así, el despotismo de partidos que vivimos arrancará el árbol de la justicia para comerse sus frutos, como antes, como siempre.