La falta de firmeza del presidente del PP a la hora de defender la imperiosa necesidad de acabar con la politización de la judicatura hacía prever que acabaría acatando las exigencias de Sánchez, una rendición que ha tenido lugar esta pasada semana con su aceptación de renovar ya los miembros del Consejo General del Poder Judicial y dejar para más tarde la reforma integral del sistema de elección de los órganos judiciales.
La decisión de Feijóo no es baladí, porque supone dejar en la cuneta la posición que el PP ha venido manteniendo en los últimos años a favor de devolver a los jueces la responsabilidad de elegir a sus representantes en el CGPJ y los principales tribunales. Los populares lo hacen, además, cuando Sánchez necesita imperiosamente cambiar los equilibrios existentes en el CGPJ y el Constitucional con el fin de dar satisfacción al ultimátum de sus socios separatistas, que reclaman el apoyo judicial a sus atropellos en asuntos tales como las condenas del proceso secesionista o la prohibición del catalán en el ámbito de la enseñanza.
Feijóo acepta la mercancía averiada de los socialistas y asume que el bloqueo en la renovación de los vocales del CGPJ es una anomalía democrática que hay que resolver con urgencia. Pero lo que constituye no ya una simple anomalía, sino una completa aberración constitucional, es mantener la fórmula impuesta hace 35 años por los socialistas para controlar al Poder Judicial torciendo groseramente la letra y el espíritu de la Carta Magna.
Pero es que, además, la reforma del sistema de elección del CGPJ es un procedimiento mucho más sencillo que el emprender negociaciones interminables para cambiar cromos y encontrar una ecuación de juristas paniaguados que satisfaga a unos y otros. Basta con reformar por la vía de urgencia la ley actual con un único precepto que determine la vuelta a lo que dice el artículo 122.3 de la Constitución, de forma que la mayoría de los miembros del consejo sean jueces y magistrados elegidos por ellos mismos.
Sánchez ha utilizado esa vía de reformas legislativas de urgencia para tratar de mangonear a su favor la renovación del Tribunal Constitucional. Con mucho más motivo debería exigir ahora el PP lo mismo para acabar de una vez con las injerencias partidistas en la Justicia, un bochorno democrático que escandaliza a la propia Unión Europea.
Pero Feijóo ha preferido echar una mano a Sánchez cuando más lo necesita, una decisión sobre la que tendrá que dar abundantes explicaciones si finalmente se consuma esta nueva traición a la Constitución y a todos los españoles.