Se esperaban con justificada expectación las conclusiones del Comité Ejecutivo del Partido Popular que, como cada lunes, se reunió ayer en la sede nacional de Génova con las concesiones de Sánchez a sus socios independentistas como tema central de actualidad. A la supresión del delito de sedición para convertirlo en una figura menor, tanto en calificación jurídica como en consecuencias penales, el Ejecutivo socialcomunista añade ahora la reforma anunciada del delito de malversación, el otro impedimento para que los golpistas fugados de la Justicia puedan volver a España a seguir operando dentro de las instituciones democráticas.
La gravedad de lo que está perpetrando Sánchez es de tal calado que exige una respuesta del principal partido de la oposición de extraordinaria contundencia si quiere convertirse en una alternativa real a ojos de los ciudadanos y de la comunidad internacional. Respecto a lo segundo, no podemos olvidar que los golpistas condenados tienen planteados recursos ante el Tribunal de Estrasburgo solicitando una rebaja sensible de las penas que les fueron impuestas. Pues bien, ahora España les da la razón al retirar del Código Penal uno de los delitos por los que fueron sentenciados y modificar a la baja el de malversación, incluido también en las sentencias de todos ellos. No hay que ser muy sagaz para intuir por donde van a ir las sentencias del tribunal de la UE si el propio país que condena a unos golpistas les da después la razón como está haciendo Sánchez con Junqueras, Puigdemont y el resto de la banda separatista.
Pero Núñez Feijóo no parece apreciar ningún elemento de gravedad que lo obligue a adoptar medidas tajantes. Según afirmó al término de la reunión de la cúpula de su partido, su reacción se va a limitar a presentar "propuestas" en el Congreso y en los parlamentos autonómicos para "mantener el delito de sedición en el Código Penal y tipificar de nuevo como delito el referéndum ilegal". Es decir, lo que va a hacer el PP es proponer la adopción de declaraciones en los parlamentos, una fórmula que carece de toda virtualidad, salvo la de obligar a los partidos —especialmente al PSOE— a manifestarse al respecto.
Pero lo que se juega aquí no es si las franquicias territoriales de la izquierda aprueban o no lo que hace Sánchez desde el Gobierno. Eso es pura dialéctica sin efectos jurídicos que solo tiene utilidad en términos electorales. De lo que se trata, en estos momentos, es de dar cauce al profundo escándalo ciudadano ante esta última canallada del sanchismo, que está demoliendo nuestro sistema constitucional con una política de tierra quemada cuyos efectos trascenderán, sin duda alguna, la presente legislatura. Y en eso, Feijóo, ni está ni se le espera.