Las rebajas de penas y excarcelaciones de delincuentes sexuales tras la aplicación de la ley del solo sí es sí, auspiciada por el ministerio de Igualdad, es uno de los escándalos más sonados del Gobierno socialpodemita de entre los muchos que ha protagonizado desde que comenzó esta malhadada legislatura. La brutal incompetencia de los neochavistas, unida al fanatismo ideológico consustancial en la ultraizquierda, ha producido engendros como esta así denominada ley de Libertad Sexual, que está produciendo efectos devastadores en las víctimas de abusos sexuales al ver cómo sus agresores ven reducidas sensiblemente sus penas o, directamente, salen a las calles en libertad.
Pero Montero no es la única culpable de una reforma legal que ha destruido el andamiaje jurídico en el que nuestros jueces y fiscales se han venido apoyando para castigar a violadores y demás delincuentes sexuales. El máximo responsable es Pedro Sánchez, que desoyó las advertencias de los órganos de la judicatura sobre los efectos catastróficos de esta ley mucho antes de que se aprobara en el parlamento. En su gobierno socialcomunista figuran, además, nada menos que tres jueces, cuyo silencio a este respecto ha sido un acto vergonzoso para seguir en el cargo que los perseguirá hasta el final de su vida profesional.
Hasta los gobernantes más insensatos se plantearían seriamente destituir a la ministra responsable de este fiasco histórico, que se produce a seis meses de unas elecciones autonómicas y municipales en las que el PSOE se lo juega prácticamente todo. No es el caso de Sánchez, cuyo único objetivo desde que llegó a La Moncloa ha sido mantenerse en el poder a toda costa.
Dadas sus prioridades, Sánchez no puede poner en la calle a Irene Montero porque la coalición ultraizquierdista saltaría por los aires. No solo eso; una ruptura interna en el bloque bolivariano dispersaría el voto radical en las próximas elecciones generales, haciendo prácticamente imposible reeditar la actual alianza de Gobierno. Pero si Sánchez tuviera en algún momento la tentación de acabar con los ministros comunistas, desde luego no sería por cuestiones de eficacia administrativa o decoro político, sino sencilla y llanamente porque estaría convencido de que una decisión de ese calado le resultaría beneficiosa en términos electorales.
Esa es la única razón por la que Montero y su vergonzoso equipo de paniaguadas indoctas siguen instaladas en el Gobierno de la Nación. En última instancia, los efectos inmediatos sobre el electorado no los va a sufrir Sánchez, sino los dirigentes territoriales de su partido que, con sus silencios y tímidas protestas, validan día tras día los desmanes de esta banda de indocumentados.