La friolera de 308.562.459 euros han recibido las organizaciones sindicales y sus estructuras afines desde 2019 hasta ahora. Los años de gobierno de la coalición de socialistas y comunistas han recompuesto unas finanzas menguadas tras la crisis iniciada en 2008 y los severos recortes a las subvenciones que aplicó el gobierno de Mariano Rajoy. De esta morterada de dinero, Comisiones Obreras, UGT, sus fundaciones por la paz, institutos de cooperación internacional, organizaciones de autónomos y agrarias se han embolsado el 92 por ciento: 284 millones. Solo en el año 2021 ingresaron 112 millones de euros. Así consta en la Base de Datos del Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas, que proporciona información de aquellos beneficiarios que han obtenido ayudas o subvenciones públicas por un importe igual o superior a 100.000 euros.
CC.OO. y UGT son maquinarias de arramplar dinero público. Apuntan a todo lo que se mueve, ya sea Ayuntamiento, Diputación o Comunidad Autónoma. De todas reciben fondos y ninguna se les resiste. En 2021 las Comunidades más generosas fueron las de Castilla y León y Madrid. Entre las dos repartieron a los afortunados un total 15,6 millones de euros. UGT recibió 8,5 y CC.OO. 7,1 millones.
La paz mundial, el cambio climático, las políticas transversales y resilientes, todo esto no debe faltar. ¿Cómo no contribuir a causas tan justas? Y sobre todo, diálogo. La panacea de nuestra paz social, eso sí, cuando gobierna la izquierda. Todo se subvenciona. Cómo negarse a apoyar la solidaridad internacional. A los pueblos que luchan por su emancipación. El contribuyente se pirra para apoyar con sus impuestos el "fortalecimiento organizativo para el incremento de capacidades propositivas: auto-reforma sindical en la CGTP del Perú", o a los "sindicatos de América Latina para su participación activa en la dimensión social productiva de los procesos de integración subregional".
Es la literalidad, cuanto más incomprensible mejor, de dos de los programas presentados por CC.OO. subvencionados con un millón de euros por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID). Eran los años del derroche bajo la dirección de Leire Pajín. En 2012, con la administración del Partido Popular, la AECID suspendió este tipo de programas subvencionados y reclamó la devolución de importantes cantidades no justificadas. En concreto 430.000 euros al ISCOD, el organismo de UGT para captar financiación de cooperación internacional, "como consecuencia de las comprobaciones realizadas" en una subvención de 6 millones que había recibido el sindicato. El ISCOD, al igual que sucedería con la Fundación de CC.OO., despidió a la práctica totalidad de sus plantillas cuando se acabó la juerga de las subvenciones para tan delirantes programas.
El pasado mes de diciembre de 2021, el Juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo condenaba a la cúpula de UGT de Asturias por un "sistemático desvío de fondos públicos", destinados a los cursos de formación. La sentencia consideró probada la "actuación fraudulenta" del sindicato así como de algunos de sus máximos responsables y trabajadores. A los que condenaba a penas que van de los 18 meses y los tres años y ocho meses de cárcel y al pago de abultadas multas. Además, le privaba de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas durante cuatro años. El gobierno socialista asturiano, pese a ser administración perjudicada, ha seguido financiando a la UGT: 728.612 en el año 2021 y 691.387 en 2022.
Con la administración social-comunista, en particular con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todo se ha vuelto más sencillo. Millonarias partidas del dinero público se adjudican sin necesidad de justificación y bajo conceptos que ocultan o dificultan entender su verdadero propósito. Un ejemplo es la "subvención y entrega dineraria sin contraprestación" que con el ítem Convocatoria Diálogo Social y Negociación Colectiva se adjudicó a UGT en 2019 y 2021. Un dispendio de 5.799.130 euros, sin referencia en el BOE. Similar cantidad han recibido CCOO y las patronales que participan en eso que llaman "el diálogo social" y cuyo resultado ha sido, hasta la fecha, una mini contrarreforma laboral firmada el pasado mes de diciembre. Es posible que el contribuyente haya pagado más de 20 millones de euros para sustituir ‘contrato temporal’ por ‘contrato fijo discontinuo’ en las estadísticas de contratación.
Partidas millonarias sin contraprestación ni justificación para engrasar ‘el diálogo’. A Enrico Berlinguer, el secretario general del PCI en los tiempos del eurocomunismo, se le conocía como "culo di ferro": no se levantaba de una negociación. Cabe preguntarse si, llegado el caso, el que osase abandonar la mesa dejaría de percibir el óbolo con el que la ministra de Trabajo premia a los llamados agentes sociales.
En febrero de 2011, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, firmó con los sindicatos de la administración autonómica la reducción de los liberados sindicales. Un acuerdo que permitía un ahorro de 1,5 millones de horas al año al pasar de 3.300 a 1.300 liberados. Recientemente, se ha registrado por Vox en la Comunidad de Madrid una Proposición No de Ley para eliminar las subvenciones a la patronal y a los sindicatos. Una iniciativa que inevitablemente activará la ‘alarma antifascista’ pero, al igual que sucedió en 2011 con la presidenta Aguirre, harían bien los sindicatos en aprovechar la oportunidad. No es bueno vivir siempre de la sopa boba.