Las encuestas van a su bola. Si el lunes se publica una que detecta el fin del efecto Feijóo, el martes sale otra que dice que el PP sumaría con Vox mayoría absoluta. Eso sí, en casi todas está Sánchez al acecho, pendiente de los movimientos podemitas y de la estabilidad electoral de sus socios separatistas para renovar mandato. De la destilación de todos los sondeos, auténticos o de parte, se infiere que es prematuro preguntar a los electores sobre unas elecciones para las que falta un año como mínimo y que se celebrarán tras las autonómicas y municipales de finales del próximo mayo.
Pero los afanes demoscópicos apuntan tendencias generales y una de las más destacadas es que los disparates y las cacicadas del Gobierno no erosionan la base electoral de Pedro Sánchez. Tanto dan los indultos a los golpistas o las excarcelaciones de violadores. Los desmanes del presidente del Gobierno no tienen reflejo en los sondeos. De creer en las encuestas, atrocidades como las reformas del Código Penal a la carta para los criminales políticos y para los delincuentes sexuales le saldrán absolutamente gratis al inquilino de la Moncloa. Y en el hipotético caso de que pierda los comicios, no será ni por la amnistía a los autores del golpe del 17 ni por la reducción de penas a los pederastas.
El ruido político es ensordecedor y la memoria colectiva, muy quebradiza. Lo confirman los augurios, ya sean estadísticos o astrológicos. De ahí que Sánchez se atreva también con la malversación tras haberse cargado la sedición en otra pétrea demostración de jeta de hormigón armado con el "argumento" de que en ausencia de lucro personal, la malversación sería un simple despiste o un ejemplo de gestión creativa, como los ERE de Chaves y Griñán.
Durante más de una década, los dirigentes separatistas catalanes destinaron cantidades ingentes de recursos públicos a crear el ambiente propicio para el independentismo. Miles de altos cargos, activistas, periodistas, economistas y mangantes de todo tipo se lo llevaron crudo mientras preparaban el golpe de Estado con propaganda antiespañola en el extranjero, con mentiras en los medios de comunicación de disciplina catalanista, con adoctrinamiento en escuelas, institutos y universidades, con programas para erradicar la lengua y la cultura españolas de Cataluña, financiando a las entidades separatistas y sus manifestaciones, ya fueran exhibiciones de masas o labores de espionaje en los patios escolares para detectar y denunciar el uso del idioma español entre los colegiales, etcétera, etcétera.
Los supuestos oprimidos, represaliados y perseguidos cobraron y cobran sueldos cienmileuristas a cargo de los impuestos de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España. Han vivido a todo tren del golpe, por y para el golpe contra la democracia en España. Y van a seguir haciéndolo, pero en mejores condiciones porque ya no será delito malgastar dinero público en fines sediciosos porque la sedición ya no es delito.
En el PP y en Vox confían en las encuestas, que auguran que podrán gobernar en coalición y desdeñan las que predicen una apretada pugna. Desprecian lo que puede llegar a hacer para evitar su derrota un tipo que se frota el agujero del orto con el Código Penal en el Día de la Constitución.