El expresidente Pedro Castillo ha roto varias marcas en la estridente política peruana. Hizo el golpe de Estado más breve de nuestra historia, tan pródiga en dictaduras. Solo duró 88 minutos. Su torpeza política fue, sin quererlo, también una reivindicación histórica: convirtió a su vicepresidenta Dina Boluarte en la primera mujer en ceñirse la banda presidencial en 200 años de vida republicana.
El miércoles 7 de diciembre el profesor rural, que llegó por accidente a la presidencia de Perú, tomó desayuno como jefe del Estado y se acostó como un presidiario. Durmió en la celda vecina a la que ocupa Alberto Fujimori, un autócrata pionero en los autogolpes. La diferencia es que ese 5 de abril de 1992, la gente sí respaldó a Fujimori y las Fuerzas Armadas y Policía fueron sus socios.
A Castillo no lo apoyó ni su círculo más cercano de ministros sobones. Su guardia pretoriana, conformada por los ministros Salas, Sánchez y Chero, cuya única función consistía en defenderlo en los medios de los graves cargos de corrupción, de una manera obsecuente, bajo la consigna "tapar el sol con un dedo", salieron en estampida del palacio de Gobierno después de ver y escuchar atónitos lo que Castillo leía con las manos temblorosas. Un discurso que, evidentemente, no había escrito.
Cuando anunció la disolución del Congreso, la intervención del Poder Judicial, de la Fiscalía, el estado de sitio y una convocatoria a elecciones para elegir una asamblea constituyente –el plan irrealizable de Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre, el partido de extrema izquierda que lo llevó al poder– parecía no entender la dimensión de sus palabras y menos se le veía convencido de poner en práctica el régimen dictatorial que acababa de describir. Estaba asustado.
Unas horas después, el jefe de su primer gabinete ministerial Guido Bellido lo fue a visitar a su celda para luego declarar a la prensa que Castillo dice no recordar que salió en cadena nacional de televisión anunciando su golpe de Estado. En la víspera Bellido había reclamado un examen toxicológico para Castillo porque, según su análisis, alguien lo había drogado para obligarlo a leer ese corto discurso que dinamitó su presidencia.
Todos los reflectores apuntaron a Betssy Chávez Chino. Chávez es una joven abogada, elegida congresista por el partido de gobierno, pero cuya ambición llevó a que escalara las cumbres del poder hasta llegar a ocupar tres carteras ministeriales a los 32 años. Fue la última presidenta del Consejo de Ministros de Castillo. Sin embargo, su ambición es inversamente proporcional a su preparación, si tenemos en cuenta que fue denunciada por plagiar su tesis de maestría en la Universidad Nacional de Tacna, la región vecina a Chile de donde es oriunda.
Sus lealtades partidarias también están en tela de juicio: renunció rápidamente a Perú Libre para formar una bancada minúscula que fue la primera escisión oficialista en el Congreso. Sus detractores dentro del partido dicen que sus métodos para escalar rápidamente en el poder son poco ortodoxos. Se filtraron a la prensa imágenes de visitas del presidente Castillo a su departamento de soltera en horas de la madrugada cuando ya era ministra de Trabajo, cargo del cual salió censurada por el Congreso por pésima gestión con votos de Perú Libre. Pero la joven Betssy regresó al poco tiempo, con más poder.
Después de una operación, con treinta kilos menos de peso, pero con mucho más ascendencia con el profesor Castillo, fue nombrada ministra de Cultura sin tener ninguna experiencia o preparación para ocupar ese ministerio en un país como Perú, con un gran legado arqueológico y de cultura viva. Tampoco lo tenía para ser ministra de Trabajo y Promoción del Empleo.
En esa cartera, su máximo logro fue darle empleo a la familia de su novio, a quien negó varias veces, y a sus compañeras más cercanas de su universidad. Además de hacer que empresas relacionadas a estas personas lograsen contratos con el Estado. Aun así, Pedro Castillo decidió hacerla jefa de su quinto gabinete ministerial. Parecía que había decidido por la confrontación directa con la oposición en el Congreso, al juzgar por la actitud de la nueva jefa del gabinete. No le duró mucho.
Una tercera moción de vacancia contra Castillo y, sobre todo, contundentes testimonios de sus excolaboradores cercanos, acogidos a la delación premiada precipitaron su autogolpe. En la misma mañana en la que se suicidó políticamente anunciando el quiebre institucional, Castillo y su círculo más cercano escuchaban el testimonio, dado desde una cárcel de Lima, de Salatiel Marrufo, un exfuncionario del ministerio de Vivienda que declaró haber entregado personalmente dinero de la corrupción al mismo presidente y a su hermana mensualmente, como parte de las condiciones para que su ministro y él permanezcan en el cargo.
Un par de días antes, su exjefe de la Dirección de Inteligencia reveló en entrevistas periodísticas que él había informado oportunamente al presidente de todos los actos delincuenciales de sus colaboradores. Pero Castillo no hizo nada. Todo lo contrario, le pidió organizar la fuga de su exministro Juan Silva, quien permanece prófugo de la justicia, y de su sobrino Fray Vásquez Castillo, operador de la organización criminal que, según hipótesis de la fiscalía, la lidera Pedro Castillo Terrones.
En resumen, fue un autogolpe que condensa el espíritu del gobierno de Castillo: improvisación, supina ineficiencia y desconocimiento total de la realidad. El golpista Castillo no controlaba ni a su escolta, quienes lo detuvieron cuando había ordenado que lo llevaran a la sede de la embajada de México en Lima. Una vez que el Congreso en sesión extraordinario lo destituyera con 101 votos sobre 130, el expresidente se había colocado como un delincuente en flagrancia.
El jefe de la Policía ordenó a la escolta presidencial detenerlo antes de que llegara a la legación diplomática mexicana donde, por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo esperaban con las puertas abiertas. El pequeño problema era que, a esa hora, decenas de vecinos de San Isidro se habían movilizado espontáneamente hasta el frontis de la embajada para impedir con sus cuerpos y con sus carros el ingreso de Castillo. No fue necesario.
La sucesora
Dina Boluarte Zegarra también ha llegado a ser la primera mujer presidente de Perú por accidente. Es una abogada quechuahablante nacida en un pequeño pueblo serrano de la región Apurímac. Tiene 60 años, es divorciada hace tres lustros, siempre quiso ser notaria pero su carrera profesional solo le alcanzó para ser funcionaria de tercer nivel en el registro civil peruano. Sus intereses eran más sociales que profesionales, al punto que fue elegida presidenta del Club Apurímac, una institución social que reúne a sus paisanos en la capital.
Es una mujer de fe, suele encomendarse a varias vírgenes y escuchar misa todos los domingos. Por eso una de sus primeras actividades como presidenta fue recibir al arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, quien le regaló un rosario bendecido por el Papa. Será uno especial en su colección personal. En el segundo día de su estancia en palacio, recibió a la procesión de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Se encomendó a ella y bailó un huainito, la danza característica de la sierra peruana.
Su fe católica la ha combinado con su vocación política. Intentó hacer un movimiento vecinal en su barrio para postularse a la alcaldía de Surquillo, un distrito de clase media baja donde vive en Lima. Pero no alcanzó siquiera a juntar las firmas para inscribirse. Alguien le presentó con Cerrón y formó parte de su grupo Perú Libertario, el antecesor de Perú Libre, con el que se postuló a alcaldesa de su distrito en el 2016. Quedó muy atrás entre los candidatos.
En el 2020 se postuló al Congreso por Perú Libre para completar el mandato del parlamento disuelto por Vizcarra. Tampoco fue elegida. Llegada la elección del 2021, Boluarte llegó a la plancha presidencial de Perú Libre básicamente porque ya estaba en vigencia una ley electoral llamada de "paridad y alternancia" que obliga a que los candidatos sean mitad hombres y la otra mujer mujeres alternadamente. Si Vladimir Cerrón puso al profesor Castillo como candidato presidencial, encontró que la abogada Dina Boluarte podría ser la vicepresidenta.
El dueño de Perú Libre no tenía la más remota esperanza de pasar a la segunda vuelta, solo quería conservar la inscripción de su partido y, si acaso, lograr algunas curules en el Congreso para sentirse protegido de las acusaciones de corrupción que arrastraba de su paso como gobernador de la región Junín. Pero se alinearon los astros y en un Perú devastado por la pandemia, Castillo ganó la primera vuelta con cerca del 19 % de votos y pasó a la segunda con Keiko Fujimori. Lo demás es historia conocida.
Como la primera presidente de Perú, Dina Boluarte también arrastra tres cuestionamientos en su corta carrera política. Abrió una cuenta bancaria donde se depositaron dineros de procedencia ilícita para pagar la reparación civil impuesta por la justicia a Vladimir Cerrón. Hace poco un fiscal de lavado de activos la incluyó como parte de una organización que habría desviado fondos públicos para financiar al partido Perú Libre y a su líder el médico Cerrón.
Tiene, además, un cuestionamiento administrativo porque para postularse a la vicepresidencia no renunció a su cargo en el registro civil (Reniec) a pesar que la ley lo exige porque este organismo está considerado parte del sistema electoral. Y, finalmente, fue denunciada constitucionalmente porque ya como ministra de Estado y vicepresidenta hizo trámites en su calidad de presidenta del Club Apurímac, lo que la legislación vigente cataloga como tráfico de influencias. Esta acusación avanzó auspiciosamente en el Congreso, pero hace pocos días fue archivada por 13 votos contra 8 en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Al parecer, fue parte de un acuerdo político previendo la caída de Castillo, jaqueado por graves casos de corrupción.
En sus primeros días al mando de un país en crisis política permanente, Boluarte ha pedido tregua para formar su primer gabinete ministerial, ha convocado a todos los partidos con representación en el Congreso y, a diferencia de su antecesor, atiende a los reporteros que siguen sus actividades.
La única que puede garantizar que completará el mandato hasta el 2026 es ella. Tiene que lidiar con los radicales de izquierda que piden nuevas elecciones y libertad para el golpista Castillo. También con un Congreso decepcionante que no tiene intención de acortar su mandato. Y a un país detenido y saqueado en los 16 meses que duró la era Castillo. El peor presidente que hayamos tenido en el Perú. Siendo que los 7 expresidentes anteriores, o están presos, o esperando extradición, o impedidos de salir del país procesados por graves casos de corrupción. Castillo facilitó el trabajo de la justicia. Ya está en una celda. Lo más probable es que permanezca en ella por lo menos 25 años.