Supongo que a estas alturas nadie duda de que la democracia y el Estado de derecho descansan en la separación de poderes, doctrina clásica atribuida a Montesquieu, aunque, para ser precisos, antes que él ya la había elaborado gente tan bien pensante como Aristóteles o el inglés John Locke. Mas con independencia de quién de los tres fuera el padre de la criatura, a mi juicio el primero fue el que mejor la explicó. Frente a principios tan maquiavélicos como que el poder no se comparte o que el poderoso debe preservar intacto el teatro de su ceremonia, Montesquieu escribió que era indispensable que el poder contrarrestase al poder, que si el poder legislativo iba unido al poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos, eso sería arbitrario y si era al ejecutivo, entonces podría tener la fuerza de un opresor. Dicho más gráficamente, que un excesivo poder envicia demasiado.
Este preámbulo viene a cuento de las últimas reformas legislativas propuestas e impulsadas por el Gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y ERC para derogar el delito de sedición y sustituirlo por el de desórdenes públicos agravados, rebajar el reproche del delito de malversación, con una distinción absurda entre el lucro personal y el uso para cualquier otro fin, el cambio de las normas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que implican la posibilidad de remodelar el TC por mayoría simple y sin quórum, la eliminación del trámite de informe por el propio TC sobre la idoneidad de los candidatos propuestos, sin descartar la amenaza de incurrir en responsabilidades penales a los vocales del CGPJ que no acepten la imposición de los candidatos.
Como era de esperar, juristas de merecido y reconocido prestigio han alzado su voz en contra de las enmiendas mencionadas, llegando a calificarlas de "inaceptables", de "chapuza peligrosa y fraudulenta". Sirva de botón de muestra el comentario de Manuel Aragón Reyes, magistrado que fue del Tribunal Constitucional, respecto a los cambios que pretenden introducirse en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la del Tribunal Constitucional: "La reforma de Pedro Sánchez es inconcebible, inaudita, inconstitucional". En el mismo sentido se han pronunciado algunas asociaciones de jueces y han hablado de que se trata de un retorcimiento de la ley, de que el Gobierno no tiene ningún límite a la hora de alcanzar sus objetivos y de que las reformas rompen el espíritu de la Constitución y quiebran el juego de pesos y contrapesos que dan estabilidad al sistema democrático.
O sea, que como declaró el 5 de octubre en el Congreso de los Diputados, en efecto, con estas iniciativas, sin descartar otras, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, "va a por todas" y no tiene intención de pararse en barras para conseguir el fin último de perpetuarse en el poder, aunque para ello tenga que demoler el Estado de derecho y llevarse por delante principios tan indiscutibles como la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y el imperio de la ley.
Porque al igual que hace un mes escribí en este mismo diario sobre la reforma del delito de sedición, en estas enmiendas coladas de rondón no existe la menor apariencia de juridicidad y los autores de las mismas, donde abundan rábulas y tinterillos, piensan que el derecho y las leyes son un juego y también un río revuelto con licencia para pescadores oportunistas que, en el presente caso, son los socios de legislatura del Gobierno. Y es que con poco que nos fijemos en los correspondientes textos, las reformas planteadas se reducen a términos de trapicheo jurídico encaminado a quebrar el Estado de derecho y, una vez más, a desautorizar a los tribunales de justicia y, naturalmente, a su órgano de Gobierno. Y, por supuesto, también para hacerse con el control del TC, máximo intérprete de la Constitución.
Todas las iniciativas, proposiciones de ley y enmiendas que comento huelen a fraude de ley y están hechas a la medida de lo que llevan pidiendo al presidente del Gobierno sus socios independentistas. Son reformas que no buscan definir un orden abstracto de justicia y tendencialmente permanente, sino que, en sentido opuesto, lo que con ellas se pretende es, desde el ejercicio de un patente y grotesco despotismo legislativo y al margen del menor sentido de justicia, atender compromisos y propósitos tan concretos como que tienen nombres, apellidos y siglas, cosa que el presidente del Gobierno admite con descaro que está haciendo, creando un original "Derecho Penal del amigo".
Si esto es así, como la gran mayoría del procomún piensa, entonces habrá que admitir que estamos en un proceso de corrupción de la ley y que los autores de estas enmiendas no son legisladores sino traficantes de leyes. A la memoria me viene esta leyenda que hace muchos años leí en el frontispicio de una destartalada sede judicial de Londres: "The corruption of the law is the worst of corruptions" y que, traducido al español paladino, significa que la corrupción de la ley es la peor de las corrupciones.