Siempre se ha distinguido, jurídica y socialmente, entre quienes por su buen hacer, por su criterio, por lo razonable de sus decisiones, por la amplitud de sus conocimientos, por su experiencia demostrada, por su honestidad, por su probidad, han sido llamados a realizar una buena administración de los negocios, propios y ajenos, considerándoles jurídicamente capaces, mereciendo, por ello, la confianza de propios y extraños.
En contraposición con los anteriores, en todo grupo social encontraremos a los incapaces, a los que no se les puede confiar la administración de objetivo alguno, porque su consecución quedará muy alejada de lo esperado por su incapacidad.
Y dado que hablamos de administrar, piensen que el término viene del latín ad manus traere, es decir, traer a las manos los recursos públicos o privados para alcanzar, con su buen uso, unos fines que configurarán la buena administración pública o privada.
Evidentemente, el incapacitado ni puede ni debe asumir la responsabilidad de una buena administración. Es más, el principal en responsabilidad del ámbito del negocio –público o privado– objeto de administración, no debe confiar ésta a quien notoriamente es incapaz.
Incapaz, en Derecho, se dice de la persona sujeta a interdicción civil, lo que presupone que no tiene cumplida personalidad para actos civiles, o que carece de aptitud legal para ejecutar válidamente determinados actos, o para ejercer cargos públicos.
¿Hay algún signo de capacidad, en el gobierno actual, para esperar una correcta administración de los recursos públicos? En algún tiempo, no hace mucho, una Ministra socialista –no del Gobierno Sánchez, pero sí de su partido– esculpió en las mentes españolas una frase con espíritu de permanencia. Decía así: "El dinero público no es de nadie". ¿Cuántos hoy en el gobierno suscribirían tan expresivo principio?
A juzgar por la evolución del gasto público improductivo, muchos, empezando por el presidente. ¿Qué razones tenía Sánchez, en aquel junio de 2018, cuando aún no sabía qué significaba gobernar, empezar incrementando la estructura de gobierno que recibe –presidente y trece ministros con Rajoy– elevándola, gratuitamente, a presidente y diecisiete ministros.
Lo de gratuitmente tiene su sentido, pues apenas se vio gobernando incrementó aquella plantilla a la actual, de un presidente y veintidós ministerios. ¿Saben lo qué significa crear un ministerio? Algunos pensarán que es un ministro/a más; error, craso error.
Tomen, como ejemplo, el nuevo Ministerio de Política Territorial, y podrán contabilizar a fines de 2021 –ya veremos el cierre de 2022–, además del ministro, 33 altos cargos y 168 asesores. Acostumbrado a ver cosas de este tipo, sigo no entendiendo cómo la Presidencia del Gobierno (ministro Sr. Bolaños) tenga 521 Asesores. ¿Puede un Ministro aprovechar a 521 asesores? ¿Hay tantos amigos capaces para colocar?
Todo esto, con pandemia y guerra en Ucrania. ¿Una buena administración exige más prudencia ante incrementos del gasto en períodos difíciles?
Pues preparémonos, porque el Banco Central Europeo, por fin, dejará de comprar en 2023, que comienza ya, 90.000 millones de euros en deuda española.