La grave crisis institucional provocada por el Gobierno en su asalto al Poder Judicial tras la amnistía a los golpistas catalanes requiere una respuesta coordinada de la oposición. No es el momento de cálculos electoralistas, de zancadillas y de pugnas por el protagonismo de este o aquel líder en la contestación al golpe de Estado de socialistas, comunistas y separatistas. Es hora de aparcar las rivalidades, las peleas cainitas y los codazos mezquinos. La delicada y peligrosa situación exige una respuesta tan contundente como unitaria por parte del PP y de Vox.
En este momento no se trata de marcar terreno ni de aparentar más dureza o autenticidad que el rival político. Sánchez se aprovecha de la división entre los partidos de la derecha, de las escaramuzas entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, con Arrimadas y Bal como convidados de piedra. Cualquier disenso entre el PP y Vox favorece la vasta operación del sanchismo para destrozar la democracia y poner a su servicio a los órganos judiciales a fin de ejecutar con más facilidades la destrucción de España.
La derogación del delito de sedición y la obscena rebaja del delito de malversación ponen de manifiesto que no hay límites para Pedro Sánchez y sus socios sediciosos y corruptos. Todas las maniobras del Gobierno van en la misma dirección, forman parte de un plan perfectamente medido y orquestado para acabar con los contrapesos democráticos y poner la Nación a los pies de los caballos. Las evidencias son palmarias. Todo lo que Sánchez prometió que no haría se está llevando a cabo de manera milimétrica.
Los daños son ya abrumadores, por lo que es necesario que los partidos de la derecha se dejen de componendas paralelas y afronten la brutal ofensiva de Sánchez contra la libertad y la igualdad de los españoles con altura de miras, generosidad en el esfuerzo y unidad. En este momento de nuestra historia, no se trata de discernir si el PP va a necesitar a Vox para desalojar a Sánchez de La Moncloa o de las condiciones de Vox al respecto, sino de algo mucho más importante, el futuro inmediato de España y de sus ciudadanos.
No es el momento de un ajuste de cuentas entre los citados partidos porque lo que está en juego es mucho más importante que los liderazgos de Abascal y Feijóo. Se trata de la libertad y se trata de España, no de dirimir las habilidades políticas, jurídicas y estratégicas de los adláteres de ambos dirigentes. Es tan urgente como imprescindible que PP y Vox se erijan en un mismo dique de contención frente a un golpe de Estado sostenido. En esta circunstancia, priorizar cualquier otra cosa es complicidad con la traición en curso.
Con ocasión del penúltimo golpe de Estado, el de los separatistas catalanes, una de las claves para frenar la intentona fue la unidad de los partidos constitucionalistas, frente al que se sumó a última hora el PSOE a fin de rebajar el alcance de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La interpretación tan generalizada como errónea es que los socialistas tomaron partido en aquel crucial instante a favor de los contrarios a la asonada separatista. Nada más lejos de la realidad. Fueron el submarino del separatismo para castrar el antedicho artículo 155.
La auténtica oposición al separatismo se distinguió en líneas generales por aparcar las siglas. Ahora más que nunca es imperativo hacer lo mismo para impedir que aquellos golpistas con Sánchez desenmascarado al frente e incluidos los voceros etarras alcancen sus objetivos. De lo contrario, una futura negociación entre PP y Vox para formar Gobierno en España es una pura quimera. Si Sánchez consigue sus propósitos, Vox estará ilegalizado de aquí a unos meses y el PP se convertirá, en el mejor de los supuestos, en un partido tolerado hasta ciertos límites y al servicio del autócrata para aparentar que la dictadura real sigue siendo una democracia formal.