El pasado 14 de octubre decíamos en El Mundo que una Constitución se puede reformar de diferentes formas. Destacamos que una de ellas es mediante la acción del Tribunal Constitucional, que puede llegar a decir que el texto dice lo que no dice o que no dice lo que en verdad dice. También puede ese Tribunal desdecirse de lo que ha venido diciendo y cambiar de criterio jurisprudencial para acomodarlo a los intereses de quienes controlan el sistema, y hacerlo alegando cambios en la realidad social o amparándose en el Derecho comparado.
Entre otras cuestiones poco decorosas e incluso inconfesables, esto último explica también lo sucedido con la renovación de magistrados en la sede de la calle Domenico Scarlatti. Una renovación que, por mucho que intenten hacernos creer que lo peor se ha evitado, es óptima para la actual clase dirigente y gubernamental. No podemos compartir aquí los razonamientos del legítimo cambio de orientación ideológica que consiente el propio texto constitucional porque los perfiles elegidos proyectan un cambio de paradigma que va mucho más allá y apuntan a la Constitución misma. Esto, en rigor, es otra cosa.
La nueva clase política que actualmente controla el poder ejecutivo y también el legislativo, que dicho sea de paso, tampoco tiene nada que ver con lo conocido hasta ahora en nuestra democracia, necesitaba con premura no solo readaptar el marco normativo para acomodarlo a las necesidades de sí mismos, como demuestran los recientes cambios legales archiconocidos, también le urgía situar en el Tribunal Constitucional unos obedientes mandatarios que le aseguren cambios de criterio y funcionamiento en el principal intérprete de nuestra Constitución, abriendo de este modo una nueva etapa que, con certeza, viabilizará un cambio de régimen sin necesidad de cambiar una sola coma de la Carta Magna. La «crisis constituyente» de la que hablaba en 2020 el entonces Ministro de Justicia - enamorado de la actual Presidenta del Congreso - y hoy nuevo Magistrado del Tribunal Constitucional.
Cierto es que el desguace de nuestra Constitución había empezado hace tiempo. Pero ahora, con el nuevo y potente comisariado político instalado en el Tribunal Constitucional, se va a acelerar. Entre otros asuntos que iremos conociendo, podemos adelantar algunos cambios de criterio del Tribunal que nuestro actual Gobierno ha diseñado sin la más mínima resistencia, pues contrariamente a lo que hemos ido conociendo estas semanas, la más importante debió estar en el propio Tribunal, denegando la idoneidad a los mandatarios del Gobierno o incluso mediando una cascada de renuncias para aumentar la apuesta y al menos evidenciar el escándalo. No ha sido sin embargo así. Dicen que factores externos e institucionales han influido, por lo que ahora los ciudadanos ya sabemos que quien se propone un asalto a las instituciones sólo necesita determinación para conseguirlo. El emperador anda por ahí desnudo.
Entre otros cambios jurisprudenciales, debemos esperar pronto el relativo a la interrupción voluntaria del embarazo. Después de haber retrasado más de doce años el Tribunal Constitucional «de mayoría conservadora» la resolución del recurso contra la ley de plazos de 2010, el nuevo sí está ya en condiciones de pronunciarse y hacerlo con rapidez. El paso del tiempo, la propaganda, y hasta el miedo a la reprobación pública o al aquelarre mediático, han allanado una futura resolución correctora de la jurisprudencia sobre el nasciturus (entre otras, la STC 53/1985, de 11 de abril), que tiene ya los días contados.
No es una cuestión menor, porque esto conllevará una redefinición del derecho a la vida consagrado en el art. 15 de la CE como valor superior del ordenamiento y afectará, con seguridad, a otras normas como la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, contribuyendo de este modo el Tribunal a la política general, a la nueva ideología de la vida y la muerte, y a esa nueva y peculiar manera de concebir los asuntos más esenciales que afectan a los ciudadanos.
Será también este mismo Tribunal el que elaborará progresivamente una jurisprudencia acerca de «los derechos de las generaciones futuras». Esa moderna idea-fuerza que puede condicionar, como ya está haciendo, la práctica totalidad de las actividades humanas; y en paralelo se bendecirán las recientes y futuras normas que otorguen derechos humanos a otros miembros del reino animal y hasta a los accidentes geográficos, en una más que previsible expansión interpretativa, a ser posible hasta el infinito, del art. 45 de la Constitución.
Otros asuntos constitucionales no van a librarse conforme vayan llegando al Tribunal o ya estén pendientes de despacho. La libertad de expresión tiene todo para situarse entre las prioridades del nuevo comisariado político; también la adulteración del deber de neutralidad, como se desvela en el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario. Veremos cómo se fortalecen las discriminaciones en favor de la mujer, por ser mujer, desnaturalizando así, aún más, el art. 14 de la CE. Y luego está la cuestión del amparo en los indultos a políticos y también la propiedad privada en su sentido más amplio.
La libertad religiosa es de prever que no quede exenta de una futura remodelación en el Tribunal so pretexto de alguna nueva iniciativa legislativa que se pueda promover si las urnas lo permiten. Lo mismo con la enseñanza, y hasta el pluralismo político es fácil adivinar que antes o después serán objeto de rediseño. Por no hablar de todo aquello que afecta a la conformación territorial del país para avanzar en esa superchería vendida como federalismo y que se ha pertrechado en despachos universitarios.
La materia parlamentaria, ya reunidos oficialmente los tres poderes y a expensas de lo que suceda en las próximas elecciones, se verá también afectada y puede ser incluso en breve. Sin ir más lejos, y por referirnos a lo más reciente, el criterio de la STC 119/2011, de 5 de julio, sobre el derecho de participación de los parlamentarios en la función legislativa, tanto en la discusión y debate parlamentario sobre los asuntos, como en cuanto a la posibilidad de proponer o introducir enmiendas, respetándose su derecho a expresar su posición mediante voto, se verá también afectado.
A este respecto, harían bien los recurrentes en amparo contra la decisión de la mesa del Congreso que permitía la tramitación de dos enmiendas para modificar el sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional este pasado mes de diciembre en retirar su recurso, porque es muy evidente que nos vamos a encontrar una la resolución final muy distante de lo sugerido en el Auto de medidas cautelares, además de una concepción muy alterada del art. 90 de la Constitución por parte del nuevo Comisariado Constitucional, ya adelantada en los votos particulares de aquel Auto.
Y así irá sucediendo con otros muchos asuntos, pues como adelantamos en octubre pasado cuando nos referíamos a la reforma alternativa y silenciosa de la Constitución, estamos en pleno proceso de subversión del orden constitucional, que se explica, como se ha dicho, porque la mayoría parlamentaria que gobierna las Cortes Generales, con sus presidencias a la cabeza, son claramente personajes subversivos y porque en España ya nadie cumple sus funciones constitucionales a pesar de ciertas apariencias y la pomposidad que ofrecen nuestros edificios y ceremonias públicas.
Desengáñense, por último, si creen que este proceso es reconducible. No lo es porque en verdad lo patrocinan y lideran los propios poderes del Estado. Nadie ofrece ya una resistencia como sería deseable. Nadie parece ya tener sentido constitucional, ese que hace innecesaria incluso una Constitución escrita. Debemos preguntarnos consecuentemente si la nuestra, con todo lo que ello conlleva, tiene también los días contados.