El Gobierno acaba de asestar un golpe de consecuencias letales al sector agroalimentario de todo el Levante al cargarse el Trasvase Tajo-Segura. Como es habitual en el Ejecutivo, la maniobra se ha llevado a cabo con nocturnidad, alevosía y los subterfugios propios del desempeño gubernativo de Pedro Sánchez, quien se había comprometido con las direcciones de los socialistas valencianos y murcianos a hacer exactamente lo contrario que ha acabado sucediendo.
El acuerdo de Sánchez con Ximo Puig y con el secretario general del PSOE de Murcia, José Vélez, y ratificado en el Consejo Nacional del Agua, permitía a los regantes seguir aprovechando los excedentes naturales de agua a partir de 2027, pero en la redacción final del decreto ha desaparecido la cláusula que para suspender la subida escalonada de los caudales ecológicos del Tajo siempre que las masas de agua mantuvieran unos determinados estándares de calidad.
Eso supone directamente el fin del Trasvase Tajo-Segura y satisface las exigencias del PSOE de Castilla-La Mancha encabezado por Emiliano García-Page. La pelea entre los barones socialistas tendrían una importancia relativa si no afectaran de manera dramática al sector agroalimentario de Murcia, Almería y el sur de Alicante. Y por extensión al resto de España. Se ha impuesto la visión mezquina de García-Page, sustentada por Pedro Sánchez con la colaboración de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.
En este asunto, los intereses nacionales han quedado al margen. Ni siquiera se han considerado las consecuencias sociales y económicas que tendrá el fin en la práctica del trasvase en un sector clave. El Gobierno de socialistas y podemitas ha vuelto a mostrar de manera descarnada tanto su modus operandi como la ausencia absoluta de percepción de conjunto en los asuntos de España. Nada raro si se atiende al hecho de que lo único que le importa a Sánchez son sus intereses, no los intereses nacionales.
La cuestión del reparto de los recursos hídricos no puede quedar al pairo de las broncas en el PSOE, de los intereses de los barones socialistas, de los delirios y chapuzas del Ministerio de Transición Ecológica y de las trampas y los cálculos electoralistas de Pedro Sánchez. La cuestión viene de antiguo, es fundamental no sólo para la agricultura y debería ser objeto de un pacto de Estado en el que se tuvieran en cuenta los intereses del conjunto de España frente al egoísmo de las partes.
Las consecuencias del modo de gobernar de la coalición de socialistas y comunistas y de sus decisiones se pagarán durante años. De entrada, la estafa relativa al Trasvase Tajo-Segura reactiva los enfrentamientos entre regiones en el contexto de la llamada guerra del agua, conflicto cainita azuzado por Pedro Sánchez, a quien más conviene la división, la incertidumbre y la ruina de los españoles. Y para eso es necesario que rompa todo lo que toca y funciona.